El Gobierno va a la Justicia para que la UBA rinda cuentas

El síndico general de la Nación, Miguel Blanco, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, presentó un escrito ante la Justicia para que, en el marco del artículo 59 de la Ley 24.521 de Educación Superior y de lo establecido en la Ley 24.156, “la Universidad de Buenos Aires presente la documentación referida a la utilización de los fondos públicos que le son asignados por el Poder Ejecutivo nacional”.

En el documento se especifica que el organismo rector del sistema de control interno no pretende auditar planes de estudio, contenido, designación de autoridades, ni afectar la libertad de cátedra, como así tampoco designar el auditor interno de la UBA, “cuestiones totalmente ajenas al objetivo de las auditorías de la SIGEN”.

En este sentido, el contenido de la demanda apunta a que la justicia instruya a la Universidad de Buenos Aires a “brindar información sobre el destino de los fondos públicos y cómo fueron ejecutados”. En definitiva, que la casa de estudios informe en qué se utiliza el dinero girado por el Poder Ejecutivo en lo relativo a licitaciones, contrataciones directas, convenios, etcétera.

“Se procura verificar las cuentas y procesos y controles internos de la universidad, a fin de evaluar la eficacia operativa y coadyuvar a proporcionar información para la mejora en la ejecución de esas operaciones”, explicaron.

Asimismo, SIGEN solicita que se inste a la UBA “a rendir cuenta documentada de los fondos transferidos por el Tesoro Nacional” para que de esta manera la Sindicatura pueda cumplir con sus funciones en el marco de la actividad propia del control interno, complementario al control externo que lleva a cabo la Auditoría General de la Nación. 

“Los organismos públicos deben rendir cuentas de los recursos que reciben y por esta razón es necesario auditarlos para garantizar la transparencia”, cierra la presentación.