Incesante crecimiento de los juicios por riesgos del trabajo

De acuerdo con los datos elaborados por Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, 2024 se consagró como un año de altísima litigiosidad alcanzando un total de 125.842 nuevos juicios laborales, únicamente por riesgos del trabajo. 

Sólo en diciembre se iniciaron 8.910 demandas en el país. La cifra da idea clara del tamaño de la problemática y del desafío a resolver, que no sólo impacta implacablemente sobre el Sistema de Riesgos del Trabajo, desde la UART se enfatiza también que estos niveles de litigiosidad “perjudican a toda la estructura productiva: a los empleadores afectando sus decisiones de inversión y empleo, a los trabajadores bajando sus chances de conseguir empleo y empleo de calidad y a las ART socavando la solvencia del sistema”.

En 2023 las demandas iniciadas por esta causa sumaron 117.348. Y si bien desde UART y muchas otras instituciones empresariales y profesionales abocadas a la temática del empleo, se alertó acerca de esta distorsión, 2024 adicionó 6.8 %, sumando casi 8.500 demandas más.

En orden de participación, la provincia de Buenos Aires es la más litigiosa con un total anual de 50.584 (en diciembre sumó 3584 nuevas demandas). Su crecimiento respecto del año precedente fue de 4.5 por ciento. La sigue CABA, con 22.946 litigios en el año.

El tercer lugar lo ocupa Santa Fe, con 16.439 juicios en el año, (1137 solo en diciembre) y un incremento anual explosivo de 21,5 %. En cuarto puesto está Córdoba con 10.424 anuales, 650 en el último mes, y un aumento interanual de 4.2 %. La sigue en el podio de las cinco grandes Mendoza con 9.857 totales (661 en diciembre) y un aumento de 18 por ciento.

Según el análisis de UART, estos números, que “no se justifican teniendo un sistema administrativo propio, ágil y de rápida solución para dirimir controversias”, con acuerdo a la ley que regula la actividad, sin cargo alguno para el trabajador, se explica en buena parte por la demora de la Justicia de cada provincia adherida a la Ley 27348 y de la CSJN en CABA, en crear los Cuerpos Médicos Forenses en ellas. 

Se suma, además, el “agravante de las tasas de interés aplicadas en la actualización de los créditos laborales muy por encima del rendimiento de las inversiones y el incumplimiento del plazo de caducidad estipulado en la ley para presentar demanda judicial”, luego de haber recibido el dictamen de las Comisiones Médicas del Sistema. Cada provincia tiene un plazo propio aprobado en su respectiva adhesión, mientras que la Ley Nacional 27.348, determinó 15 días hábiles, lapso que rige en CABA.

“Estos ocho años de retraso en adecuarse a lo exigido por ley, y completar la reforma, han generado un efecto boomerang volviendo, en cantidad de demandas, casi al punto de partida”, alertó la UART, al tiempo que consignó que “resulta urgente ordenar el descalabro de las pericias judiciales en el ámbito laboral”.

Así las cosas, instaron a “constituir, tal como lo prevé claramente la ley: cuerpos de profesionales especializados en medicina del trabajo; que cobren honorarios por acto médico y no porcentuales de sentencias; y que apliquen adecuadamente la tabla oficial de medición de incapacidades remanentes de un accidente laboral”.

“Si nuestro país quiere reconstituir su economía y competir globalmente con toda su enorme capacidad y potencial, debería corregir cuanto antes este ‘costo judicial argentino’ que se ha convertido en un costo estructural denunciado ya, por todos los actores de nuestra economía. Los porcentajes de siniestralidad locales son semejantes a los de Chile y España, pero los de judicialidad son hasta 20 veces superiores, descolocando así cualquier esfuerzo productivo y competitivo”, sentenció el nucleamiento sectorial.