Golpe al delito: Desbaratan banda que había robado casi un millón de dólares en cables

En un impactante operativo desarrollado este viernes en distintos puntos del Conurbano bonaerense, efectivos de la Policía Bonaerense desbarataron una peligrosa banda dedicada al acopio de metales a través del robo de cables.

En rigor, fueron 14 los allanamientos simultáneos realizados La Matanza –en las localidades de Rafael Castillo y San Carlos–, Merlo, San Fernando, Vicente López y Tigre, sobre una red delictiva dedicada al acopio y comercialización ilegal de metales sustraídos de empresas proveedoras de servicios esenciales.

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— ANDigital (@ANDigitalOK) May 11, 2025

La causa se inició el 1 de abril bajo la carátula de “averiguación de delito” y tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, y las tareas investigativas fueron desarrolladas por personal de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales, que coordinó los operativos.

Además de las ocho personas detenidas, se secuestraron 95.000 kilos de cables robados a la empresa Edenor; 4.070 kilos de cobre, entre cables y filamentos; 1.512 lingotes metálicos de unos 15 kilos cada uno, que suman un total de 22.680 kilos; 2.342 kilos de aluminio compactado; 621 kilos de monedas de curso legal, y 9.763.300 pesos en efectivo.

Además se incautaron 8 teléfonos celulares, 15 cuadernos con anotaciones comerciales y varias máquinas utilizadas para el procesamiento de los materiales, como compactadora, peladoras y prensadoras, y se estima que el valor de lo secuestrado ronda los 900.000 dólares.

Vale decir que la operatoria dilucidada por los peritos de la Policía Bonaerense implicada una compleja cadena por la cual los materiales robados –principalmente cables de cobre y aluminio– eran procesados en pequeños centros de acopio para ser luego vendidos a fundidoras más grandes, que a su vez los compactaban y los exportaban a países limítrofes.

La sobrevaloración del cobre y el bronce en el mercado internacional, sumado a la demanda creciente y la falta de trazabilidad del origen, favoreció el auge de esta actividad delictiva que ha afectado gravemente la infraestructura eléctrica y de comunicaciones en la región, generando consecuencias graves para usuarios y operadoras, y que incluyen cortes prolongados, riesgos eléctricos y elevados costos de reparación.