El procurador pidió elevar a 12 años la pena contra Cristina Kirchner por la Causa Vialidad

El procurador, Eduardo Casal, pidió a la Corte Suprema de Justicia que eleve a 12 años la pena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y corrupción en la Causa Vialidad.

Vale recordar que hace un mes el Máximo Tribunal le solicitó al jefe de los fiscales que determine si correspondía revisar la pena de seis años de prisión o elevarla a 12 años por el delito de asociación ilícita, tal como había pedido el fiscal de Casación, Mario Villar.

En este marco, Casal cuestionó las absoluciones por el delito de asociación ilícita, al sostener que “lo propio de la figura es que la efectiva preparación de un plan no agote los fines de la asociación, los cuales desbordan el plan concreto para dirigirse, sin total y detallada previsión, a otros hechos distinto”.

“Esa era la exacta característica de la organización conformada por los imputados, pues cuando el grupo se constituyó no se acordó un catálogo detallado de cuáles iban a ser las conductas concretas que se ejecutarían para cumplir con los fines defraudatorios”, acotó.

En el dictamen recalcó que “no es que se hubiera efectuado un listado indicativo de cuánto dinero se quería sustraer de las arcas del Estado de las obras viales a ejecutar, precisando cómo se llevarían a cabo las licitaciones, cómo se justificarían los sobreprecios que se constataron, cómo se efectuarían los pagos, ni en general las numerosas ilegalidades constatadas”.

Del mismo modo, Casal aseguró que también deben ser revocadas las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro.

Al respecto, puso de relieve que el exministro de Planificación Federal durante los años de gobiernos kirchneristas “no sólo adaptó su contribución a un plan criminal en curso que conocía a la perfección, sino que más bien fue uno de sus principales organizadores”.

En tanto, Garro “conocía en detalle el plan para otorgar en forma fraudulenta contratos de obra pública a Austral Construcciones, y que ese conocimiento habría sido, con toda probabilidad, la razón por la cual se lo promovió al cargo de presidente de vialidad provincial, desde el cual realizó los actos que sí constituían el núcleo de la imputación”.

Dichos funcionarios, dictaron “numerosos actos administrativos en el marco de su competencia, por los cuales lisa y llanamente se asignaron los fondos del presupuesto necesarios” para que la empresa de Lázaro Báez fuera el único contratista de obra vial.

Finalmente, dio cuenta que a Báez “no se le adeudaba dinero, pese a que la mayoría de los trabajos registraban nulo avance o demoras inexcusables”.

Así las cosas, y con este dictamen -que no es vinculante- la decisión final depende de la Corte Suprema de Justicia.