

Tras la masiva marcha de este jueves al Congreso, el Foro Permanente Discapacidad – Promoción y Derechos volverá a manifestarse el 4 de junio al Parlamento en tren de evitar el veto a la ley de emergencia en discapacidad.
“La política de oídos sordos y destrucción, impulsada por el Gobierno nacional —bajo la responsabilidad directa del doctor Diego Spagnuolo y del ministro de Salud, Mario Lugones—, afecta gravemente los cimientos del entramado social, atentando contra derechos fundamentales como la educación, la rehabilitación, el transporte y la atención integral, garantizados por la Ley 24.901”, expusieron.
👎🏽 #Insensibilidad | “Su discapacidad no es problema del Estado”: Brutal respuesta de Diego Spagnuolo, funcionario de Milei, a un nene con autismo
— ANDigital (@ANDigitalOK) May 29, 2025
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En este sentido, dieron cuenta que “la actual administración incumple con las pautas y medidas fundamentales que sostienen el funcionamiento del Sistema Único de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad”.
Por el contrario, “sus decisiones afectan directamente la calidad de vida y las posibilidades reales de quienes integran este colectivo. La política de desfinanciamiento y destrucción de los sistemas de atención, de provisión de medicamentos y de insumos esenciales para garantizar una vida digna, expone con claridad el escaso valor que se les otorga a las personas con discapacidad”.
Desde este Foro denunciaron que “es inviable sostener los servicios destinados a las personas con discapacidad con un desfasaje superior al 70 % en los aranceles del Sistema Único de Prestaciones Básicas”.
“Es responsabilidad indelegable del Estado bacional establecer aranceles acordes a las exigencias normativas, a los incrementos salariales y al aumento del costo de vida. De no revertirse esta situación de manera urgente, los servicios seguirán colapsando uno a uno, dejando a miles de personas con discapacidad sin la atención que por derecho les corresponde”, alertaron.
Acto seguido, dieron cuenta que se habla “de ciudadanos y ciudadanas argentinas cuyos derechos están siendo gravemente vulnerados por una administración que elige no ver la realidad de quienes más necesitan una respuesta hoy, no mañana”.
“Es imprescindible apelar a todas las herramientas legales y democráticas disponibles para señalar y exigir responsabilidad a quienes no obran con justicia, incumplen la ley y desconocen la Constitución Nacional que han jurado respetar. La omisión y la indiferencia no pueden ser toleradas cuando están en juego los derechos fundamentales de un sector históricamente vulnerado”, completó el Foro.