Críticas a la reforma “ficticia” de la Policía Federal: “Posterga su verdadera modernización”

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) salieron al cruce del “FBI argentino” presentado por el presidente Javier Milei y su ministra Patricia Bullrich.

“La Policía Federal Argentina (PFA) necesita una reforma profunda que la transforme en una agencia federal moderna y especializada en la investigación del crimen organizado. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad ha optado, una vez más, por el marketing antes que por un cambio real. A través del Decreto Nº 383/2025, impulsó una reforma que no cumple con ese objetivo: mantiene intacta la matriz operativa actual de la PFA y contiene errores técnicos de un preocupante nivel de amateurismo”, expusieron las entidades.

Y recapitularon: “Hace casi 10 años, con el traspaso de la función de seguridad preventiva en las calles de CABA —y aproximadamente la mitad de su personal— a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal Argentina quedó sin un sentido organizacional claro y a la espera de una reforma que readecuara sus funciones. La necesidad, potenciada por la implementación del sistema acusatorio en la justicia federal, era clara: convertir a la PFA en la tan anunciada agencia federal de investigaciones criminales, al estilo del ‘FBI argentino’. Es decir, una institución profesionalizada, moderna y enfocada exclusivamente en la investigación de delitos complejos de competencia federal”.

“Esta necesidad se fue acrecentando a medida que fueron avanzando fenómenos tan graves como el narcotráfico, del cual dan cuenta distintos informes oficiales y de otros sectores, como la Iglesia y organizaciones comunitarias. La situación, mucho más agravante si se observa el escenario regional, con organizaciones criminales cada vez más avanzadas en países vecinos, no deja lugar a maquillajes banales ni a acciones marketineras vacías de contenido”, acotaron los institutos.

Sin embargo, dieron cuenta que “el Poder Ejecutivo, por iniciativa del Ministerio de Seguridad, emitió un decreto que representa una nueva oportunidad desperdiciada. La norma apenas retoca el organigrama de la PFA, sin alterar de fondo el funcionamiento de la fuerza. Conserva numerosas funciones de prevención y custodia inadecuadas para una agencia de investigaciones moderna, cuya misión debería ser desarticular organizaciones criminales y producir evidencia útil para su juzgamiento proceso penal”.

“El alcance limitado del decreto es evidente: incluso mantiene al personal de bomberos dentro de una estructura que debería estar dedicada al combate del crimen organizado. Además, no se modifican normas esenciales del régimen profesional que rigen desde hace más de 40 años, lo cual impide avanzar en una carrera policial basada en la formación técnica, la especialización y la investigación criminal”, puntualizaron.

Así las cosas, exclamaron que “por no avanzar, esta reforma representa un retroceso. Obstaculiza la profesionalización del personal policial y su modernización, a la vez que limita las posibilidades del Ministerio Público Fiscal federal para utilizar eficazmente las novedosas herramientas del sistema acusatorio en la investigación y persecución de mercados criminales como la trata de personas, el narcotráfico, los delitos económicos y financieros, la corrupción, el tráfico de armas y los delitos digitales”.

Acto seguido, aseveraron que “el Decreto 383/2025 no está a la altura del desafío. Por eso, resulta imprescindible que el Congreso Nacional, en uso de sus facultades constitucionales ante decretos delegados, lo rechace y promueva el debate de una nueva Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina. Una ley que permita una reforma integral y seria, que convierta a la PFA en una verdadera agencia federal de investigación especializada en el crimen organizado”.

“Mientras eso no ocurra, y los cambios se limiten a lo dispuesto en este decreto, la transformación de la Policía Federal seguirá siendo una promesa incumplida o una mera acción de propaganda en un contexto social que no soporta más banalidad”, sentenciaron el INECIP y el ILSED.