A 31 años del atentado a la AMIA: la impunidad persiste y el Estado debe actuar

El 18 de julio de 1994, un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) provocó la muerte de 85 personas, dejó más de 300 heridas y marcó para siempre a la sociedad argentina. A 31 años de uno de los mayores ataques terroristas en la historia reciente del país, Amnistía Internacional reitera su solidaridad con los familiares de las víctimas y su acompañamiento en la lucha por verdad, justicia y reparación.

La causa judicial continúa atravesada por la impunidad. Ningún gobierno, en más de tres décadas, ha cumplido con su deber de esclarecer lo ocurrido, identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, ni de garantizar el derecho a la verdad para la sociedad.

En 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó una sentencia histórica en el caso Memoria Activa versus Argentina, en la que declaró al Estado argentino responsable internacionalmente por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado, ni para investigarlo con la debida diligencia. También lo halló culpable de encubrir los hechos y de impedir el acceso real a la documentación relativa al caso.

Entre los puntos centrales de esa sentencia, el tribunal internacional determinó que el Estado violó el derecho a la verdad, no sólo por las deficiencias en la investigación del ataque y su encubrimiento, sino también por los obstáculos que enfrentaron las familias para acceder a información esencial. La Corte ordenó remover esas trabas y reimpulsar las investigaciones necesarias.

La lucha de los familiares continúa

Las organizaciones de familiares de víctimas, como Memoria Activa, persisten desde hace más de tres décadas en su demanda de justicia. Denuncian a quienes, desde distintos poderes del Estado, facilitaron el encubrimiento del atentado y aún hoy gozan de impunidad.

En este nuevo aniversario, Amnistía Internacional exige al Estado argentino que cumpla con la sentencia de la Corte IDH y avance en una investigación seria, independiente y eficaz; que identifique, juzgue y sancione a todas las personas responsables, tanto del atentado como de su encubrimiento; que preserve, resguarde y garantice el acceso a toda la documentación vinculada al caso; y que fortalezca las capacidades estatales para prevenir ataques terroristas, siempre con un enfoque centrado en los derechos humanos.

A 31 años del atentado a la AMIA, la impunidad no puede ser una opción. Es tiempo de que el Estado argentino cumpla su obligación de brindar verdad, justicia y reparación.