Rechazo a la voracidad privatizadora: “AySA registró ganancias”

Desde Unidad Popular rechazaron los DNU que avanzan con la privatización de AySA, empresa pública que tiene a su cargo brindar el servicio de agua potable y saneamiento cloacal a 15 millones de personas en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

“El nuevo marco regulatorio autoriza cortes del servicio por falta de pago, aumentos mensuales de la tarifa, elimina la obligación para la futura empresa privada de expandir el área de servicio para darle cobertura a aquellas zonas que no cuentan con acceso al agua y a la cloaca, como por ejemplo los barrios populares, y establece parámetros de menor calidad para el agua”, indicaron los referentes de UP, Claudio Lozano (nacional) y María Eva Koutsovitis (CABA). 

En este sentido, dieron cuenta que “el primer paso hacia la privatización de AySA fue dado con la aprobación de la Ley N.º 27.742, ley Bases, que en su artículo 7 declaró que AySA se encuentra sujeta a privatización. El segundo paso consistió en eliminar los subsidios a la tarifa al usuario que realizaba el Estado nacional para que de esta forma la empresa sea rentable para los futuros compradores. Esto llevó a que, en algunos casos, el aumento de la tarifa al usuario llegara a un 1500 % durante el 2024”.

“El anuncio formal del inicio del proceso de privatización de AySA lo realizó el vocero presidencial, Manuel Adorni, hace pocos días. Utilizando argumentos completamente mentirosos, como por ejemplo la considerable carga financiera histórica que AySA representó para el Tesoro Nacional, cuando durante el año pasado AySA registró ganancias”, recordaron. 

En igual tono, manifestaron que “es una obviedad que las obras de infraestructura requieren necesariamente de la erogación de fondos públicos. La mirada de la rentabilidad a través del cobro de tarifas está completamente superada. En la Argentina, por cada dólar invertido en agua, el recupero es de 2.5 dólares en los servicios de salud”.

“Todo esto ya lo vivimos. La privatización de los 90 generó tarifas inasequibles, retroceso en materia de cobertura del servicio, mala calidad del servicio, juicios en CIADI e impactos ambientales que todavía padecemos”, sentenciaron Lozano y Koutsovitis.