Regodeo libertario: oficializaron vetos contra jubilados y discapacitados

El Gobierno nacional publicó este lunes en el Boletín Oficial el veto total a los tres proyectos de ley de carácter social que había sancionado días atrás el Congreso: el de aumento a las jubilaciones, el que reinstauraba la moratoria previsional y el que declaraba la emergencia en discapacidad.

En los considerandos del decreto 534/2025, el Poder Ejecutivo argumentó que las iniciativas eran fiscalmente “irresponsables” y que incumplían la Ley de Administración Financiera al no especificar fuentes de financiamiento genuinas.

En detalle, la administración de Javier Milei afirma que los tres proyectos en conjunto implicarían un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones de pesos en 2026, lo cual equivale a casi el 1 % del PBI para este año y al 1,68 % para el próximo, lo que “dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales” y pondría en riesgo el equilibrio fiscal, al que califican como “innegociable”.

El Ejecutivo también argumentó que el proceso de aprobación en el Senado estuvo “viciado por graves nulidades”. 

Al respecto, señalan que la sesión del 10 de julio se realizó sin la citación previa correspondiente y que el tratamiento de los proyectos se habilitó con una mayoría simple cuando se requerían dos tercios, debido a una “ilegítima interpretación del Reglamento”.

Vale recordar que en materia de jubilaciones se establecía un aumento de emergencia del 7,2 %, además de la creación de un bono permanente de $ 110.000 actualizable y la reinstauración por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, permitiendo el acceso a la jubilación sin los 30 años de aportes efectivos, y flexibilizaba las condiciones para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

En lo que hace a la discapacidad, se declaraba la emergencia nacional hasta 2026, se creaba una nueva pensión no contributiva y establecía una compensación económica para los prestadores del sistema, entre otras medidas.

Tras el veto, la discusión volverá ahora al Congreso, donde la oposición necesitará una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para poder insistir y convertir en ley los proyectos rechazados por el Presidente.