

El diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, se refirió al ajuste en discapacidad y advirtió que “hasta ahora el Gobierno dio de baja 110 mil pensiones”, pero “de ese número, 90 mil fueron por problemas de domicilio, es decir, no se llegó a dar con la persona”.
De todos modos, recordó que el presupuesto enviado, que nunca recibió tratamiento, “habla de una baja de 300 mil pensiones para este año”.
Así las cosas, el legislador massista consideró en declaraciones a Radio Provincia que se debería hacer una auditoría y que ello está planteado en la Ley de Emergencia en Discapacidad.
“Hay que evaluar las actas de los médicos, qué localidades tienen gente con pensiones por arriba del promedio (entre 7 y 11 % por lugar). En vez de hacer esto, el Gobierno prefirió enviar cartas documento y suspender el 40 % de esas pensiones”, lamentó el exministro de Desarrollo Social.
Asimismo, sostuvo que el cruce de datos que hizo el Gobierno estuvo “hecho mal a propósito y los audios demuestran eso”.
Del mismo modo, condenó que desde el oficialismo se hable de una persona con discapacidad como “idiota, invencible y débil mental, lastimando así a la familia”.
También hizo mención a los bajísimos ingresos: “Acompañantes terapéuticos que cobran a seis meses de realizada su tarea; los transportistas que trasladan a las personas a realizar su tratamiento cobran $ 541 por litro de nafta, cuando cuesta $ 1500. Por eso, en vez de llevarlo los cinco días los llevan dos. Y en medio de ese proceso escuchan que la plata va y viene. Es desesperante esta situación”.
“Hay que poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad que fue vetada absurdamente por el Gobierno porque no tiene impacto fiscal. Por tal motivo, rechazamos el veto y la próxima semana el Senado la va a rechazar por mucho más de dos tercios porque la ley ordena el nomenclador, organiza el sistema para que cada uno cobre lo que tiene que cobrar, reordena las pensiones y manda a hacer las auditorías”, detalló.
Y completó: “También dice que no se puede maltratar y se debe respetar a las personas. El Gobierno no tiene que tirar números al voleo, porque lo que hace es lastimar a las familias de las personas con discapacidad. En paralelo, la Justicia tiene que investigar”.