Guillermo Francos contra la pareja de Marcela Pagano en medio del escándalo de los audios

El escándalo por los audios filtrados sigue sacudiendo al oficialismo y este sábado sumó un nuevo capítulo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a disparar contra Franco Bindi, abogado y pareja de la diputada Marcela Pagano, a quien el Gobierno ya había señalado en su denuncia judicial por presunta “operación de inteligencia ilegal”.

Las declaraciones del ministro coordinador llegaron tras la entrevista que brindó Gisella Robles, quien aseguró ser expareja y socia de Bindi. En esa nota, Robles afirmó “no tener dudas de que participó” en la filtración de los audios que involucraron a Diego Spagnuolo y a Karina Milei. Francos recogió el guante y publicó: “La expareja de Bindi afirma que él mismo participó en la filtración… Qué sorpresa… Además, tiene vínculos con agentes de la SIDE, Hugo Moyano, Leopoldo Moreau, Luis D’Elía y el chavismo. ¿Y ahora?”.

Pagano no se quedó callada y salió al cruce en redes sociales. “Si esto es lo mejor que tienen en nuestra contra, ahora me explico por qué el país está como está. Una psicópata al mejor estilo Bebé Reno. Pasamos del espionaje ruso y venezolano al drama pasional. Son un meme con patas”, ironizó la legisladora. En otro posteo, redobló la apuesta: “Qué le parece si hablamos de corrupción? La filtración para que usted señale como incapaz a Santiago Caputo se la armaron Vila y Armelino, especialistas en espionaje”.

El propio Bindi también se pronunció y negó los dichos de Robles. “Jamás fue mi pareja. No hablo con ella hace años (por decisión mía). Actúa como una psicópata al mejor estilo Bebé Reno”, escribió en sus redes.

En paralelo, Pagano apuntó contra el secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila, al remarcar que forma parte del círculo cercano de Francos. “Muchachos, se les nota mucho la opereta. Van por Santiago Caputo y tienen sed de la caja de los fondos reservados”, lanzó la diputada.

El conflicto estalló después de que el Gobierno presentara una denuncia este lunes ante la Justicia federal. En el escrito, impulsado por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y radicado en el juzgado federal N.° 10, se acusó a los involucrados de haber armado un plan para “desestabilizar al país en plena campaña electoral”. Según la presentación, se trata de una “operación de inteligencia prohibida por la Ley 25.520” y cuyo objetivo fue instalar desconfianza en la gestión mediante la difusión de conversaciones privadas de funcionarios.