“Impuesto al tránsito”: un peaje cada 97 kilómetros

Desde Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial cuestionaron a las denominadas audiencias públicas sobre el nuevo sistema de concesiones viales impulsado por el Gobierno nacional, por ser instancias “meramente formales y no vinculantes” y que además “se desarrollaron sin generar resultados sustantivos”. 

“No se analizaron los aportes técnicos, se ignoraron las opiniones ciudadanas y, una vez más, los usuarios viales directos e indirectos, así como la sociedad en su conjunto, han sido desoídos, repitiéndose un esquema de estafa semejante al iniciado en la década de 1990”, expuso el nucleamiento. 

En igual tono, dieron cuenta que “el proyecto reproduce el llamado ‘falso peaje o impuesto al tránsito’, un sistema que ya demostró ser un fracaso. Su implementación es desproporcionada y lesiva: actualmente existen 44 estaciones de cobro y se prevé la instalación de 54 adicionales, lo que implica un peaje cada 97 kilómetro en promedio”. 

También detallaron que el valor de cada tarifa se multiplicará por 3,3, lo que en la práctica supondrá que los argentinos paguen más de 6,5 veces el costo actual, “sin recibir a cambio mejoras significativas en la infraestructura”. 

Algunos ejemplos concretos muestran la magnitud del “despropósito”: un viaje entre la Ciudad de Buenos  Aires y Bahía Blanca, de apenas 650 kilómetros, demandará el pago en ocho estaciones de peaje; en la Ruta nacional Nº 11, entre Chaco y Santa Fe, habrá que abonar cinco veces. 

“El plan apenas contempla tareas de mantenimiento rutinario - corte de pasto y una capa asfáltica de 5 centímetros cada diez años -, lo cual resulta insuficiente frente al deterioro creciente de la red vial. Tampoco prevé obras  de ampliación de capacidad, ni mejoras estructurales: se pretende seguir transitando sobre rutas diseñadas  hace más de tres décadas, mientras el parque automotor crece sin pausa. En estas condiciones, no habrá mejoras en la seguridad vial, ni reducción en los costos de transporte”, pormenorizó el coordinador del CoNaDUV, Ricardo Lasca. 

Así las cosas, sugirió que la denominada Red Federal de Concesiones (RFC) debería llamarse, en rigor, Red Federal de “Impuesto  al Tránsito”. 

A través de un comunicado también rubricado por el integrante de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, Raúl Rizzo, se expone que “el sistema proyectado es inconstitucional” dado que “no existen caminos alternativos libres de pago” y  “se configura una doble imposición, atento a que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles”. 

“En consecuencia, circular por gran parte del país quedará supeditado al pago obligatorio de una tarifa injusta y abusiva, lo cual vulnera el derecho constitucional al libre tránsito consagrado en el artículo 14 de la  Constitución Nacional”, alertaron Lasca y Rizzo. 

Y sentenciaron: “El contraste es evidente: mientras se anuncian metas de crecimiento económico a ‘tasas chinas’, la infraestructura vial, se mantendrá al final de la concesión en condiciones propias de seis décadas atrás obsoleta, saturada y sin planificación estratégica”. 

El CONADUV reiteró entonces la necesidad de establecer un Proyecto Vial Nacional integral, que contemple la totalidad de la red caminera y que destine efectivamente los fondos del Impuesto a los Combustibles a su finalidad original: “garantizar un sistema vial óptimo, sin peajes y sin barreras, en consonancia con la Constitución Nacional”. 

Y también hizo foco en impulsar un Proyecto de Transporte Multimodal (vial, ferroviario y fluvial)  “concebido como política de Estado, adaptado a la vasta geografía nacional y competitivo a nivel  internacional, alejado de los mega - negocios diseñados en beneficio de unos pocos grupos económicos”.