Exponencial aumento de las barreras para acceder al aborto seguro

En marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro (28 de septiembre), Amnistía Internacional advirtió sobre el alarmante aumento de las barreras que enfrentan las personas en Argentina para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE). En lo que va del año, la organización recibió el triple de denuncias por obstáculos en el acceso al aborto que en todo 2024.

Este incremento ocurre en un contexto de desmantelamiento sistemático de las políticas de salud sexual y reproductiva, la suspensión total de la compra y distribución de insumos esenciales para garantizar el acceso a la IVE/ILE y la falta de campañas de información oficial, dejando a mujeres y personas gestantes sin datos sobre dónde y cómo acceder a la atención.

“La falta de información pública se ha convertido en un obstáculo crítico. Muchas mujeres no saben qué hacer ni a dónde acudir o llamar en caso de necesitar un aborto, lo que pone en riesgo su salud y sus derechos”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. 

Asimismo, consignó que “si bien los casos que recibimos a través de nuestro formulario no reflejan la totalidad de la situación en el país, ante la ausencia de datos oficiales constituye un parámetro para dimensionar el aumento de las dificultades que enfrentan las mujeres”.

Del total de casos que la organización recibió por medio de su formulario en lo que va de 2025, casi el 60 % corresponden a barreras en el acceso a información clara, precisa y detallada sobre dónde y cómo acceder a un aborto. 

En el mismo sentido, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, organismo encargado de fiscalizar a obras sociales y empresas de medicina prepaga, dio cuenta de que la mayor parte de las consultas que recibe mediante su formulario IVE/ILE son solicitudes de información y asesoramiento para acceder al procedimiento.

La ausencia de campañas públicas por parte del Estado nacional, los obstáculos para contactarse con la línea 0800 de Salud Sexual y la falta de información, asesoramiento y derivación adecuadas por parte de las obras sociales y empresas de medicina prepaga comprometen seriamente el acceso a derechos.

Sin datos, no hay derechos: la urgencia de la transparencia pública

La producción y difusión de información sobre la implementación de la IVE/ILE es esencial no sólo para que las personas accedan a sus derechos, sino también para diseñar, planificar y evaluar la eficiencia de las políticas públicas. Sin embargo, desde diciembre de 2023 el Estado nacional ha dejado de difundir información oficial sobre la implementación de esta política pública, lo que profundiza la opacidad y agrava la vulneración de derechos.

Ante este escenario, Amnistía Internacional ha exigido de manera sostenida a las autoridades nacionales y provinciales que rindan cuentas sobre la implementación de las políticas de salud sexual y reproductiva, y que garanticen el acceso a información adecuada.

Uno de los casos más relevantes se dio en el municipio de San Miguel, donde, a comienzos de este mes, tras varios pedidos de acceso a la información pública -impulsados por Amnistía Internacional junto con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)-, la justicia ordenó a las autoridades locales publicar datos sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. La resolución suma un nuevo precedente clave en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

“En San Miguel, donde el acceso al aborto legal no está garantizado, el acceso a la información pública se vuelve clave para proteger la salud y los derechos de las personas gestantes. Esta decisión judicial muestra que la transparencia no es opcional: las autoridades tienen la obligación de informar sobre cómo se implementan las políticas públicas que garantizan la Ley 27.610”, afirmó Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad en Amnistía Internacional Argentina.

Principales obstáculos 

En este contexto regresivo, Amnistía Internacional advierte que obras sociales, prepagas y centros de salud siguen interponiendo barreras en el acceso al aborto, a pesar de la obligación legal establecida en la Ley 27.610. La organización acompaña y respalda los reclamos de mujeres y personas gestantes, exigiendo que se garantice su derecho a la salud sin dilaciones ni obstáculos.

La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación informó que los reclamos por obstáculos en el acceso al aborto en el sector se deben principalmente a demoras evitables, como la falta de formación del personal, falta de asesoramiento a las usuarias sobre como acceder a la cobertura total de la medicación, demoras en la autorización de presupuestos y falta de derivaciones adecuadas a prestadores disponibles para garantizar la práctica. Asimismo, el organismo señaló que en provincias como San Juan, Mendoza y Salta se registran dificultades para encontrar prestadores de salud privados que no invoquen la objeción de conciencia, lo que agrava las barreras de acceso. Cabe resaltar que conforme el marco legal vigente, solo los profesionales pueden declararse objetores de conciencia: no existe la objeción de conciencia institucional. 

En todos los casos, las obras sociales y empresas de medicina prepaga tienen la responsabilidad de buscar médicos disponibles para realizar la práctica y asumir los costos que ello implique, y las clínicas o centros privados deben garantizar una derivación adecuada en los plazos establecidos por la ley, de modo que el acceso al aborto no se vea demorado ni restringido.    

En línea con la Ley 27.610, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor confirmó que las obras sociales y prepagas son responsables tanto por su accionar como por el de sus prestadores. Desde que la norma está vigente ya se aplicaron cuatro multas millonarias: a Accord Salud en 2021, a Sancor Salud y Federada Salud en 2022, y a OMINT S.A. en 2024.

Las sanciones se dictaron por situaciones de trato vejatorio y falta de información en clínicas de cartilla, donde incluso se obligó a una paciente a escuchar los latidos fetales sin garantizar atención posterior a la interrupción del embarazo; por haber delegado en la paciente la búsqueda de prestadores al negarse todos los de la cartilla a realizar la práctica; por incumplir la gratuidad del procedimiento, demorar su realización y permitir cobros indebidos; y por incurrir en prácticas de desinformación, imponer convicciones personales y no asegurar una adecuada derivación en sus propias clínicas o en aquellas con las que tienen convenio.

San Isidro: persisten prácticas ilegales que obstaculizan el acceso al aborto

Amnistía Internacional denuncia la persistencia de prácticas coercitivas e ilegales en el Hospital Materno Infantil de San Isidro que vulneran el acceso al aborto legal. Tras el caso de “Camila” en 2024 y a pesar de la intervención de la organización, en 2025 continuaron las denuncias: consejerías disuasorias, demoras injustificadas, estudios innecesarios. Incluso tras la solicitud de interrupción del embarazo, personas relatan que han sido contactadas por instituciones privadas con la pretensión de hacerlas disuadir de su decisión, haciendo un uso ilegal de sus datos personales. Estas prácticas constituyen una violación del derecho a la dignidad, privacidad, autonomía personal y reproductiva, y podría acarrear responsabilidades de distinta índole, incluso penal (conf. art. 85 bis Código Penal).

Frente a esta persistencia, Amnistía Internacional volvió a exigir al Hospital respuestas y medidas urgentes para garantizar el cumplimiento de la Ley 27.610.

En el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, Amnistía Internacional lanza la campaña “La decisión es tuya, el camino acompañadas”, que busca visibilizar el valor del acompañamiento en la interrupción del embarazo y exigir el cumplimiento efectivo de la Ley 27.610 en todo el país. A través de testimonios reales, la campaña destaca cómo el apoyo respetuoso puede transformar estas experiencias, promoviendo el derecho a decidir sin estigmas ni prejuicios, frente a la desinformación y los discursos polarizantes.