Mientras la Legislatura bonaerense se apresta a ingresar en el receso de verano luego de lo que fue el acalorado debate por el endeudamiento y la posterior renovación parlamentaria, en las últimas horas sorprendió la decisión del gobernador Axel Kicillof de aplicar un veto parcial al Presupuesto 2026.
La Ley de leyes había sido aprobada por el parlamento provincial a fines de noviembre. Y si bien Kicillof promulgó la norma que fija gastos y recursos para el próximo ejercicio, vetó una serie de artículos clave.
Se trata de los puntos que modificaban la Ley 10.426 -procedimientos contables de la Cámara de Diputados- y establecían un sistema automático de transferencias de fondos desde el Ejecutivo al cuerpo parlamentario para garantizar su funcionamiento.
El esquema era proporcional a los ingresos provinciales y preveía la intervención del Tribunal de Cuentas ante posibles incumplimientos en los envíos automáticos.
En medio de la polémica, el argumento oficial es que las modificaciones objetadas excedían la materia presupuestaria y avanzaban sobre competencias exclusivas del Ejecutivo.
Asimismo, que la automatización diaria de los fondos podía afectar el manejo financiero general de la Provincia.
Según especificaron desde Calle 6, el rechazo no afecta el monto total presupuestado, sino al mecanismo de transferencia de recursos.
El veto del gobernador causó revuelo porque la Constitución de la provincia de Buenos Aires establece que la Ley de Presupuesto sancionada por el Poder Legislativo no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo.
En los pasillos de la Cámara baja comenzaron a circular distintas versiones que presagian una disputa jurídica y política, al poner el acento sobre una supuesta acción inconstitucional de Kicillof.
A raíz de lo acontecido, Diputados podría insistir con el texto original –si logra los dos tercios de los votos- o trasladar la contienda al plano de la Justicia.