Informe semanal del Instituto para el Desarrollo Social Argentino -IDeSA-
En el tratamiento legislativo del Presupuesto 2026 el tema que generó fuertes polémicas, al punto de hacer peligrar la aprobación del Presupuesto, fue el artículo 30º. Con este artículo se elimina el piso de gasto de 6 % del PBI para educación, de 1 % del PBI para ciencia y técnica, del 0,2 % de los ingresos del Presupuesto para educación técnica y del 0,8 % para equipamiento de las fuerzas armadas. Por tamaño y trascendencia, las mayores controversias las generó la eliminación del piso del 6 % del PBI para educación.
Una de las razones de eliminar el piso, aunque sea para una finalidad prioritaria, es que introduce rigideces en la administración presupuestaria. Los que se oponen consideran que eliminar el piso daña la educación. Lo cierto es que eliminar el piso implica revertir una estrategia que se viene aplicando desde hace dos décadas con un amplio apoyo de sectores políticos, sindicales, periodísticos y expertos en el tema de educación.
El énfasis y la pasión con que muchas veces se defiende la estrategia de proteger el gasto en educación dificulta la evaluación objetiva. Esto aumenta la importancia de analizar las evidencias. Por ejemplo, según el sitio Edulab de IDESA, en base a datos de la Secretaría de Educación, se observa que:
---) El 26 % de los niños de 11 años no entiende un texto simple.
---) Este número baja a 11 % entre los niños del 20 % de hogares de mayores ingresos.
---) Sube a 38 % entre los niños del 20 % de hogares más pobres.
Estos datos muestran que la estrategia centrada en leyes que fijan aumentos de presupuesto educativo viene fracasando. Que uno de cada cuatro niños termine la primaria sin entender lo que lee es contundente. Pero peor aún es que casi el 40 % de los niños de los hogares más pobres terminen la primaria con profundos déficits de lectura. El sistema educativo está funcionando muy mal, generando daños profundos que se concentran con particular intensidad entre los sectores de la población más vulnerables.
La aprobación del artículo 30º del Presupuesto 2026 puede ser un hito de alta trascendencia. No tanto por propugnar una administración presupuestaria más flexible y eficiente. Mucho más importante es que sea un punto de inflexión para una seria autocrítica y reconocimiento de los errores del pasado y, lo más importante, que sea el factor impulsor para adoptar una nueva estrategia educativa. La clave es dejar de centrar esfuerzos en sancionar normas que permitan preservar y aumentar el gasto en educación para pasar a poner todas las energías en mejorar la gestión educativa.
Incrementar el gasto en educación con un sistema de malos incentivos aumenta el derroche y no mejora la formación de los alumnos. La clave es empoderar a la gente para que presione sobre los responsables de administrar el sistema (desde el gobernador de cada provincia hasta cada uno de los docentes) para que internalicen que la educación es muy importante para toda la población y, especialmente, para las familias que integran los segmentos más vulnerables.
Una buena educación es la oportunidad que tienen las familias más pobres para que sus hijos reviertan su destino. Un paso trascendental es que las provincias establezcan reglas, incluso en las escalas salariales, para que sean reconocidos los docentes y directivos de las escuelas que se comprometen con la formación de sus alumnos y los que no lo hagan que reciban una merecida sanción.
La Argentina ha tenido una alarmante regresión educativa en lo que va del Siglo XXI. En el 2000, estaba a la cabeza de los países de Sudamérica en las pruebas internacionales PISA, las más prestigiadas en el mundo. Dos décadas después, en la edición 2022, se ubicó por debajo de Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Brasil. Semejante retroceso tiene enormes costos sociales que solo podrán ser revertidos dejando de poner énfasis en aumentar los presupuestos y asignar todas las energías en mejorar la gestión educativa.