Productor denunció presunta estafa con tierras fiscales y apuntó a Toviggino

El fútbol, una vez más, no queda al margen de los manejos espurios: funciona como parte de una red de poder más amplia, opaca y protegida.

Que haya una sentencia no clausura el debate. Lo vuelve más urgente. Porque cuando la tierra del Estado circula como un negocio privado, la impunidad también se vuelve sistémica.

En la Argentina donde el poder se ejerce lejos de los reflectores, las historias no siempre comienzan en despachos oficiales ni en tribunales federales. A veces empiezan en un aviso clasificado, en una ruta del norte y en una promesa que, con el tiempo, se revela demasiado buena para ser cierta.

Eso es lo que le ocurrió a Ricardo Simeoni, productor agropecuario cordobés y licenciado en Administración de Empresas, quien en diálogo con ANDigital denunció haber sido víctima de una presunta estafa inmobiliaria vinculada a tierras fiscales en Santiago del Estero. 

En el centro de su relato aparece un nombre que hoy ocupa un lugar clave en el fútbol argentino: Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y dirigente de extrema cercanía con su presidente, Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

Un aviso, una llamada y el inicio del vínculo

Los hechos se remontan a 2011. Simeoni regresaba desde Jujuy hacia Córdoba junto a su hijo cuando leyó en el diario El Liberal un aviso de venta de un campo en el norte santiagueño a un precio llamativamente bajo. Al comunicarse, fue atendido por Toviggino, quien en ese momento aún no tenía cargos formales en la estructura de la AFA.

Tras una primera visita a un campo que no cumplía con lo prometido, llegó una segunda oferta: un establecimiento ubicado en la zona conocida como El Desierto, sobre la ruta que une Sachayoj con Campo Gallo. El predio, identificado como Lote 7, se ofrecía bajo la figura de posesión veinteañal, con el compromiso de avanzar luego hacia la escritura definitiva.

Señales de respaldo y una operación cerrada

Según el testimonio de Simeoni a ANDigital, en una de las reuniones clave Toviggino se presentó acompañado por Daniel Zamora, hermano del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. 

Para el productor, aquella presencia funcionó como una garantía implícita: el mensaje era que la operación contaba con aval político y que la documentación “iba a salir”.

La transacción se concretó en la escribanía de Analía Terzano, Registro Nº 16 de Santiago del Estero. Simeoni asegura haber entregado 100 mil dólares en efectivo y que el titular original de la posesión no estuvo presente, aunque la documentación ya se encontraba firmada.

Con el paso del tiempo, sostiene, pudo verificar que otras sociedades y operaciones bajo sospecha vinculadas a Toviggino también habrían pasado por esa misma escribanía.

Presos, ocupaciones y una verdad incómoda

Poco después de la compra, Simeoni relató que Toviggino le solicitó alojar de manera transitoria a un grupo de personas en el campo. Más tarde, siempre según su versión, descubrió que se trataba de personas privadas de la libertad, utilizadas para custodiar campos en proceso de ocupación.

El punto de quiebre llegó cuando intentó avanzar con la escritura. Allí apareció la verdad que, según afirma, nadie le había dicho: el campo era tierra fiscal. No existía posibilidad legal de regularización.

“La estafa no fue solo contra mí. Fue contra el propio Estado de Santiago del Estero”, aseguró ante este medio.

Una causa judicial y un patrón que se repite

El caso llegó a la Justicia y tuvo una sentencia desfavorable para el productor, quien no descarta recurrir a instancias superiores. Más allá del fallo, Simeoni sostiene que el expediente dejó expuesto un mecanismo sistemático, con múltiples engranajes.

Habla de un circuito que incluye tomas de tierras, documentación apócrifa, áreas del catastro, registros de la propiedad y protección política, un esquema que, asegura, se repite en distintos puntos del norte argentino.

Fútbol, dinero y poder

La decisión de hacer pública la denuncia no es casual. Simeoni explicó a ANDigital que lo hizo tras la reciente mediatización de cuestionamientos sobre el origen del patrimonio de dirigentes del fútbol argentino, entre ellos Toviggino y el propio Tapia.

“Cuando uno mira hacia atrás, empieza a unir los puntos. Y entiende que el fútbol no es una isla: es parte de una red de poder mucho más grande”, concluyó Simeoni.

El caso Simeoni trasciende una disputa privada por un campo. Interpela a un sistema. Pone en cuestión cómo se administran —o se entregan— las tierras fiscales, cómo operan ciertos vínculos entre política, negocios y fútbol, y por qué algunas historias nunca llegan a tener consecuencias reales.

Que la causa haya tenido sentencia no clausura el debate: lo profundiza. Porque cuando las denuncias apuntan siempre a los mismos nombres, a las mismas oficinas y a los mismos métodos, la pregunta deja de ser judicial y pasa a ser institucional.

En un país donde el poder suele moverse sin alambrados visibles, hacer pública esta historia no es un acto de revancha. Es un acto de advertencia. Para la Justicia, para la política y para una sociedad que, demasiadas veces, llega tarde cuando la tierra —y el dinero— ya cambiaron de manos.