“Incentivos adecuados”: el Gobierno justificó el aumento de sueldo de sus funcionarios

El Poder Ejecutivo oficializó este viernes un aumento salarial para ministros y altos funcionarios del Gobierno.

Pese a que no se informaron las cifras, los salarios tendrán un incremento de entre el 60 y el 100 % y se exceptúa del ajuste al presidente Javier Milei y a su vice, Victoria Villarruel.

Ya está publicada la edición del 02/01/2026 del Boletín Oficial de la República Argentina. Podés visualizarla en https://t.co/eu8kOvhypS

— Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) January 2, 2026

Los incrementos no son retroactivos, se congelarán en caso de déficit fiscal e incluyen a “ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo nacional comprendidos en el Decreto N° 838/94 y sus modificatorios; las Autoridades Superiores incluidas en el régimen del Decreto N° 1716/92 y su normativa complementaria y en el Decreto N° 140/07; y los funcionarios con rango y jerarquía equivalente”.

Hasta la implementación de este decreto, el Presidente cobra $ 4.066.018, la vicepresidenta $ 3.764.820 y los ministros  $3.584.006. Los secretarios cobran $ 3.282.709 y los subsecretarios $ 2.981.510.

A la hora de justificar la suba, la Casa Rosada mencionó que “resulta necesario asegurar que las funciones de conducción superior del Estado nacional cuenten con un esquema de remuneraciones adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas”.

Luego, aseguraron que ese escenario “en combinación con mecanismos estrictos de control, transparencia y rendición de cuentas, fortalece la integridad institucional del Estado”.

“En consecuencia, teniendo en consideración el superávit fiscal alcanzado y el orden macroeconómico que ha logrado esta administración, corresponde implementar un ordenamiento equitativo en la estructura salarial de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo nacional, sin comprometer la sostenibilidad fiscal”, completaron.

En el cierre del documento, calificaron la medida como “necesaria pero no aislada” y señalaron que pretende dejar atrás “un esquema de empleo público desarticulado, poco transparente y carente de incentivos adecuados”.