lunes 09 de febrero de 2026 - Edición Nº4342

Política | 9 feb 2026

Junto a otras 19 personas

Presuntas coimas en Discapacidad: duro procesamiento para Spagnuolo

El exfuncionario fue imputado por cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. También fue señalado como posible jefe de una asociación ilícita.


El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública

Además, lo señaló como uno de los presuntos jefes de una asociación ilícita que, según el fallo, cooptó el organismo para obtener beneficios económicos.

Junto a Spagnuolo también fueron procesados como supuestos líderes de esa estructura Daniel Garbellini, exnúmero dos de la ANDIS; Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos vinculados al sector de las droguerías y con antecedentes en distintas gestiones políticas.

De acuerdo con la investigación, Calvete y Atchabahian habrían logrado influir y controlar el funcionamiento de la Agencia desde afuera, en coordinación con autoridades formales del organismo.

En total, Casanello procesó a 19 personas, entre exfuncionarios, empleados de la ANDIS y privados que habrían intervenido con distintos roles en la operatoria irregular.

Según surge del expediente, existieron licitaciones direccionadas y sobreprecios, como parte de un esquema sostenido durante los primeros meses del actual gobierno.

En concreto, el fallo describe la existencia de “un entramado de corrupción institucional” cuyo núcleo fue el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

El magistrado dio cuenta que “operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuaron de manera mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

“La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, acotó Casanello.

En el cierre del texto judicial, advirtió que las responsabilidades podrían escalar a “otro nivel de complicidades”, a medida que avance la causa.

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