El campo respaldó en el Congreso la “modernización” laboral

En pleno debate parlamentario por la reforma laboral, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Colombatto, expuso ante legisladores en el Congreso y defendió el proyecto, al considerar que constituye una herramienta necesaria para reducir la informalidad y promover el empleo formal, especialmente en las economías regionales.

Durante su intervención, el dirigente rural buscó correr la discusión del plano teórico y llevarla a la realidad productiva del interior del país. “No venimos a discutir teorías laborales abstractas, sino empleo real, el que se genera todos los días lejos de los centros urbanos”, señaló, al describir la dinámica de las relaciones laborales en zonas rurales, donde empleadores y trabajadores conviven y dependen mutuamente.

En ese contexto, sostuvo que la legislación vigente, pese a haber tenido un objetivo legítimo de protección, terminó generando efectos contraproducentes cuando se alejó de la realidad económica. “Cuando la norma es imposible de sostener para quien produce, lo que cae no es la empresa, cae el puesto de trabajo”, advirtió.

Previsibilidad y menor litigiosidad

Uno de los ejes centrales del planteo de CRA fue la necesidad de dotar al sistema de previsibilidad para incentivar la contratación formal. Según expuso, en amplias zonas rurales la decisión de registrar trabajadores dejó de ser solo una cuestión jurídica y pasó a convertirse en un riesgo económico.

“El empleador muchas veces no evita registrar por voluntad de incumplir la ley, sino por temor a un sistema que volvió imprevisible el costo laboral”, explicó, al tiempo que remarcó que la incertidumbre y la alta litigiosidad constituyen factores determinantes en la informalidad.

pic.twitter.com/0w0ohEnIEn

— CRA (@CRAprensa) February 18, 2026

Desde esa perspectiva, defendió la reforma al señalar que no implica una reducción de derechos, sino un intento de ordenar el sistema. “La relación empleador-empleado no debe organizarse sobre la expectativa del juicio, sino sobre la continuidad del trabajo”, afirmó.

Cambios en el régimen agrario

El dirigente también puso el foco en el Título 11 del proyecto, que introduce modificaciones a la Ley 26.727 de Trabajo Agrario. Allí remarcó que la actividad rural posee características propias —como la estacionalidad, los ciclos biológicos, la dependencia climática y las distancias geográficas— que requieren un marco regulatorio específico.

A su entender, durante años se intentaron aplicar criterios urbanos al trabajo rural, lo que terminó dificultando la registración laboral. En ese sentido, valoró que la reforma reconozca la naturaleza temporaria de muchas tareas agrícolas y pecuarias, estableciendo que la reiteración de contrataciones en distintas campañas no convierta automáticamente el vínculo en permanente.

Otro punto destacado fue la modificación del régimen de responsabilidad solidaria, que —según explicó— permitirá ordenar situaciones en las que propietarios de tierras o proveedores podían terminar respondiendo laboralmente por trabajadores que no contrataron ni dirigieron. Para CRA, esta corrección reducirá la incertidumbre jurídica y favorecerá la formalización.

Asimismo, subrayó los cambios en el esquema de negociación colectiva en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, donde las remuneraciones pasarían a definirse mediante acuerdos entre representantes de empleadores y trabajadores, con el Estado como autoridad de aplicación y homologación. “No implica retiro estatal, sino normalización”, sostuvo.

Pedido político y definición de fondo

Sobre el cierre de su exposición, el vicepresidente de CRA solicitó a los legisladores acompañar la iniciativa al considerarla una política pública orientada a recuperar el empleo formal en el interior productivo.

“El principal derecho laboral es el empleo registrado. Todo lo demás depende de su existencia”, afirmó, al sintetizar la postura de la entidad.

Finalmente, sostuvo que si la reforma logra reducir la conflictividad estructural, brindar previsibilidad y facilitar la registración, el impacto será directo en las economías regionales, donde la informalidad continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales para el desarrollo y la generación de oportunidades laborales.