Advierten que bajar la edad de punibilidad “no resuelve nada y sólo genera más violencia”

La Comisión Provincial por la Memoria rechazó la reforma en la ley penal juvenil y recordó que “durante muchos años el debate por la baja de edad de punibilidad y los proyectos que se presentaban carecieron de estudios serios y rigurosos, de datos confiables y análisis complejos sobre un fenómeno que nos preocupa a todos”.

“Bajar la edad de responsabilidad penal, juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más pequeños, no resuelve el problema de la inseguridad ni combate o previene el delito. Esto sólo profundiza la criminalización de la pobreza y elude una responsabilidad central del Estado: garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñeces”, puntualizó el organismo público extra-poderes.

Asimismo, dio cuenta que “la violencia que crece en nuestra sociedad se produce por múltiples causas, de las que el Estado es el mayor responsable. La desigualdad afecta y profundiza la vulnerabilidad de muchos de nuestros pibes y los somete a múltiples violencias que los gobiernos no sólo no resuelven con políticas adecuadas sino que profundizan con más violencia de sus organismos de control”.

“Implementar políticas de niñez efectivas implica dotarlas de presupuesto suficiente para sostener los dispositivos de contención y acompañamiento previstos por el sistema de promoción y protección de derechos de las niñeces. La ley provincial y la nacional fueron muy buenas al sancionarse pero nunca, desde su puesta en marcha hace casi 20 años, se las dotó de los recursos necesarios para hacerlas operativas y efectivas”, observó la COP.

Y planteó que “sin recursos para la promoción y protección de derechos se incrementaron los presupuestos y fondos para las fuerzas de seguridad, que lejos de prevenir los delitos los regulan pactando con las redes del narcotráfico y otros delitos complejos que crecen en los territorios”.

“La justicia penal juvenil también tiene su parte de responsabilidad en el agravamiento de esta situación al no garantizar derechos. En lugar de profundizar la especialización del fuero se asemeja cada vez más a las prácticas judiciales de los adultos”, subrayó la entidad.

Del mismo modo, el organismo presidido por Adolfo Pérez Esquivel dio cuenta que “los lugares de encierro para niños y jóvenes son cárceles donde el régimen puede incluso ser más grave que el de las cárceles de adultos”.
 
Tras pedir “políticas sociales que garanticen derechos, no políticas punitivas que los restrinjan sin fundamentos” la Comisión insistió con que “bajar la edad de punibilidad sólo redundará en más detenciones por delitos menos graves”.

“Los imputados se alojarán en cárceles juveniles donde está probado que la reeducación y responsabilización no existen: tiempo de aislamiento que supera las 18 horas diarias, deficiente o nulo acceso a la educación o formación laboral, torturas y malos tratos para castigarlos, falta de abordaje con la familia y el entorno de los jóvenes para acompañar su reinserción”, anexó.

Finalmente, alertó que “esta reforma consagra el fracaso de las políticas de niñez. No mejorará nada la seguridad de la ciudadanía y, por el contrario, producirá más violencia y más inseguridad. Una vez más, la democracia se achica y el autoritarismo crece”.