Federación Agraria acusa al Gobierno de poner en riesgo la sanidad animal

La Federación Agraria Argentina (FAA) elevó el tono y cruzó con dureza al Gobierno nacional por la resolución que restringe el poder de control del SENASA, al considerar que se trata de una medida “improvisada” que pone en riesgo uno de los pilares más sensibles del sistema productivo: la sanidad animal.

Lejos de un planteo técnico aislado, la entidad denunció que la decisión oficial desarticula un esquema que durante años garantizó estándares sanitarios reconocidos a nivel internacional, y que permitió sostener mercados altamente exigentes.

“Esta resolución le habilita a que ese control deje de existir y realmente ahí es donde la cosa se complica desde el punto de vista sanitario”, disparó sin rodeos el director de FAA Entre Ríos, Matías Martiarena, en diálogo con ANDigital.

El eje del conflicto es claro: para Federación Agraria, el Gobierno avanza sobre un sistema que funciona, sin diagnóstico preciso y sin diálogo con el sector. “Es una medida inconsulta, no pasó por ningún consejo consultivo ni por la Coprosa”, remarcó Martiarena, dejando expuesta la falta de articulación política en una decisión de alto impacto.

Desde la entidad advirtieron que el esquema vigente no solo garantiza controles, sino que permite trazabilidad efectiva en la aplicación de vacunas, un punto crítico en la lucha contra enfermedades como la aftosa. “Se certifica desde que la vacuna sale del laboratorio, se mantiene la cadena de frío y se aplica en el animal que corresponde. Todo eso ahora queda debilitado”, señalaron.

Pero el punto más sensible aparece en el escenario de crisis. Según alertaron, la medida recorta la capacidad de reacción ante emergencias sanitarias, al debilitar la estructura territorial que permite actuar con rapidez. En términos concretos: menos control, más riesgo.

“Argentina no puede darse el lujo de jugar con su estatus sanitario”, advirtieron desde FAA, recordando que ese reconocimiento fue construido durante décadas con el esfuerzo conjunto de productores, técnicos y el propio Estado.

En ese marco, el comunicado también deja al descubierto una tensión de fondo: el intento de bajar costos a cualquier precio. “Los productores queremos bajar costos, claro que sí. Pero no a costa de romper un sistema que funciona”, subrayaron.

Martiarena fue más allá y marcó una contradicción central: “El propio SENASA tiene herramientas para controlar, auditar e incluso eliminar entes que no funcionen. No hacía falta desarmar todo el esquema”.

La crítica no es menor: para Federación Agraria, el Gobierno eligió el camino más riesgoso —desregular— en lugar de corregir distorsiones puntuales. Y eso, advierten, puede tener consecuencias directas no solo en la sanidad, sino también en la economía.

“Cuando las cosas funcionan bien no hay que cambiarlas”, insistió el dirigente, en una frase que resume el malestar de un sector que empieza a ver con preocupación señales de improvisación en áreas sensibles.

Con este posicionamiento, FAA no solo fija postura, sino que presiona para que la medida sea revertida. El mensaje es claro: sin controles, no hay sistema sanitario; y sin sistema sanitario, el costo lo paga toda la cadena productiva.