lunes 23 de marzo de 2026 - Edición Nº4384

Política | 23 mar 2026

Genocidio

Presentan registro de violencias represivas en PBA entre 1974 y 1983

El documento releva y sistematiza las diversas acciones que implementó el Estado, más allá de su forma más radical: la desaparición de personas.


En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar, la Comisión Provincial por la Memoria publica el Registro de violencias represivas en el marco del genocidio en la provincia de Buenos Aires (REVIGE).

Se trata de un proyecto de investigación que releva y sistematiza, a partir de documentación producida por el Estado, las diversas acciones de violencia que implementó el Estado entre 1974 y 1983, y que se desplegaron más allá de su forma más radical: la desaparición de personas.

El registro relevó en ese período 57.482 violencias contra 18.943 víctimas y agrega un dato particular: más allá del largo proceso de justicia por delitos de lesa humanidad, sólo fue juzgado el 28 % de los delitos registrados.

El REVIGE es una base de datos dinámica que se nutre de diferentes fuentes documentales oficiales generadas por agencias estatales y judiciales, que busca consolidar y poner a disposición del público datos sobre el despliegue represivo durante el terrorismo de Estado en la provincia de Buenos Aires.

En lugar de centrarse en la cifra, la pregunta está situada en los tipos y repertorios de violencias represivas. En un contexto donde se pone en discusión la magnitud y el sentido de la violencia represiva desplegada por el estado en el marco del genocidio, este trabajo viene a mostrar su sistematicidad.

El recorte es sobre el territorio bonaerense e incorpora el periodo anterior al golpe, desde septiembre de 1976 cuando se sancionó la ley 20.840, que criminalizó toda acción considerada “subversiva”, y se declaró el estado de sitio, que extendió el control en todo el territorio. Culmina en diciembre de 1983 con la recuperación democrática.

“El resultado provisorio, porque la reconstrucción nunca es completa, arroja un mapa que hace visible la extensión y alcance de ese sistema orientado a perseguir, secuestrar, torturar, asesinar y hacer desaparecer personas con el objetivo de disciplinar al conjunto social y transformar la sociedad de manera regresiva”, expuso la CPM.

El registro pudo sistematizar, definir y describir 21 violencias: 13 tipificadas en el código penal y 8 no tipificadas, desplegadas sobre 18.943 víctimas en la Provincia de Buenos Aires. En ese despliegue se pudo identificar patrones ya que ciertas acciones de violencia represiva no aparecen de manera aislada, de modo que una persona suele ser víctima de más de una violencia: el 78 % de las víctimas sufrió al menos más de una violencia represiva. Lo que sin duda es aún un sub registro.

Un patrón de los más frecuentes, por ejemplo, es la co-ocurrencia de la privación ilegal de la libertad con tortura y tormentos, y la desaparición forzada. En números se registraron en PBA 13.999 privaciones ilegales de libertad, 8.959 casos de tortura y 9.929 desapariciones forzadas. El encierro de las víctimas en centros clandestinos de detención y tortura fue parte de esa maquinaria. En la Provincia funcionaron 251, de los cuales en la actualidad, sólo 16 de ellos son espacios para la memoria.

En cuanto a las desapariciones, cuatro de cada diez personas que sufrieron desaparición forzada permanecen desaparecidas o sus restos fueron identificados años después. Las Fuerzas Armadas y de seguridad no sólo decidían sobre la vida y la muerte sino también desplegaron, en muchos casos, estrategias para el ocultamiento de los cuerpos.

El enterramiento como NN fue una práctica frecuente durante la dictadura. En 37 cementerios de la provincia de Buenos Aires se hallaron restos de personas víctimas de desaparición forzada, pero sólo el 15% de las personas desaparecidas durante el genocidio fueron identificadas.

Una gran parte del registro total de violencias surge del relevamiento de los 139 juicios por delitos de lesa humanidad que trataron casos o hechos ocurridos en la Provincia, aunque el análisis arroja que sólo el 28 % de las violencias cometidas por el Estado fueron juzgadas en estos procesos. El registro cuenta con una ficha por juicio que releva la cantidad de imputados y condenados (por violencias juzgadas o no juzgadas) y también permite descargar la sentencia.

También se han relevado otras fuentes disponibles en el Centro de Documentación y Archivo de la CPM, los legajos del Servicio Penitenciario Bonaerense, documentos de inteligencia varios y los Juicios por la Verdad, entre otros.

“Los números así se vuelven registro, una herramienta que convierte relatos dispersos, archivos de difícil acceso y testimonios individuales en datos estructurados que permiten reconstruir patrones, identificar prácticas y situar los hechos en su contexto. Cada dato recuperado permite aproximarse a los hechos, identificar tendencias, analizar nuevas fuentes y reinterpretar la información disponible”, ponderó el organismo público extra-poderes.

Del mismo modo, dio cuenta que “desde el retorno de la democracia, y en particular en las primeras décadas del siglo XXI, el Estado desplegó diversas acciones para  buscar la verdad, condenar estos crímenes y reparar a las víctimas; sin embargo, como demuestra la información producida en el REVIGE, todavía queda mucho por hacer en términos de política de justicia, memoria y reparación”.

A 50 años del golpe, cuando desde el Gobierno nacional se habilitan operaciones negacionistas que ponen en duda la verdad del terrorismo de Estado, la CPM presenta públicamente este registro abierto a la consulta pública para democratizar la información construida durante todos estos años como la mejor forma de neutralizar las falacias esgrimidas en esos discursos”, sumaron desde el nucleamiento presidido por el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Y sentenciaron: “El registro es un riguroso y largo trabajo de investigación realizado por los equipos técnicos de la CPM hace tres años, además cuenta con la colaboración y asesoramiento técnico del personal de apoyo CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) que conforma el Área de Apoyo Metodológico del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS, UNLP-CONICET) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (FaHCE-UNLP). Esta articulación se desarrolla en el marco del convenio entre la CPM y la FaHCE-UNLP”.

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