domingo 29 de marzo de 2026 - Edición Nº4390

Política | 29 mar 2026

Corrupción libertaria

Medidas de restricción contra el amigo de Adorni por hostigar a testigo clave

Se trata de Marcelo Grandio, quien amedrentó a la secretaria de una empresa aérea mientras esta prestaba declaración en la causa por los viajes a Punta del Este.


El juez federal Ariel Lijo dictó una serie de medidas de protección urgentes en favor de Vanesa Elizabeth Tossi, quien se desempeña como secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation.

Según consignó Noticias Argentinas, esta determinación surge tras una solicitud formal interpuesta por el fiscal federal Gerardo Pollicita, luego de que la testigo denunciara haber sido objeto de hostigamiento y presiones por parte de Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El magistrado ordenó de manera taxativa que el comunicador que fue favorecido con varios programas en la TV Pública se abstenga de contactar a la damnificada por cualquier vía, ya sea de forma personal, telefónica, digital o mediante interpósitas personas, estableciendo además una restricción de acercamiento tanto a su domicilio particular como a su ámbito laboral y sitios de concurrencia habitual.

Esto tiene que ver con los eventos ocurridos el pasado viernes durante la audiencia testimonial de Vanesa Elizabeth Tossi, dado que, mientras la testigo brindaba declaración ante el fiscal Pollicita sobre los pormenores del vuelo que trasladó a Adorni hacia la ciudad de Punta del Este, Uruguay, se produjo una situación que la fiscalía calificó de “escandalosa”: la mujer recibió sucesivas llamadas telefónicas y mensajes por parte de Marcelo Grandio.

Según el testimonio de Tossi, estas comunicaciones, que se sumaron al envío previo de una carta documento en términos intimidatorios, tenían como único fin amedrentarla y condicionar su relato sobre los hechos investigados.

En su declaración, la empleada de la firma aeronáutica precisó que Grandio fue quien efectuó el pago del mencionado traslado y que, además, habría solicitado explícitamente que no se emitiera la factura correspondiente por dicho servicio.

Ante la gravedad de los hechos, Pollicita impulsó una investigación paralela para determinar la existencia de delitos de acción pública relacionados con amenazas y coacciones.

En su dictamen, el fiscal subrayó que las acciones de Marcelo Grandio no representan meramente una situación de malestar subjetivo para la testigo, sino que constituyen indicadores concretos de presión que atentan contra la espontaneidad y la integridad de una fuente de prueba fundamental para el proceso.

Vale mencionar que el objetivo primordial de estas restricciones no es la sanción anticipada, sino el resguardo de la integridad psíquica de la testigo y la protección del proceso de recolección de pruebas en una causa que involucra el uso de servicios privados por parte de altos funcionarios públicos.
 

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