La Ciudad cambia su política de asistencia social a través de un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, que elimina los planes sociales y crea un nuevo programa centrado en la capacitación y la inserción laboral formal.
En concreto, se pasa de un esquema asistencial a uno orientado a la generación de empleo y autonomía económica. Es una política social justa que no condena a las personas al asistencialismo y que, por intermedio del trabajo, les da libertad y dignidad.
Según se detalló oficialmente, la iniciativa alcanza a unas 5 mil personas y contempla una transición de un año hasta el cierre definitivo del esquema actual. En el proceso de revisión se detectaron y eliminaron 1.274 beneficiarios irregulares: el sistema implicaba unos $10 mil millones anuales y 85 convenios que ahora serán dados de baja.
La medida busca dejar atrás 20 años de políticas asistencialistas que, según se esgrimió, no mejoraban la vida cotidiana y no llegaba en todos los casos a quienes realmente lo necesitan, y representa el fin de los intermediarios y del negocio de los "gerentes de la pobreza".
“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”, sostuvo Jorge Macri.
Seguimos cambiando el paradigma de la política social.@jorgemacri firmó un decreto que termina con los planes sociales en la Ciudad y los convierte en oportunidades de trabajo.
— Gabriel Mraida (@gabimraida) April 6, 2026
Dimos de baja TODOS los planes sociales, 85 convenios con organizaciones sociales y 1.274…
Uno de los principales cambios de esta nueva medida es la eliminación de intermediarios: los pagos se realizarán de manera directa a los beneficiarios, lo que permitirá mejorar el control y la transparencia. Además, se fijarán criterios claros de permanencia, como requisitos de residencia, situación socioeconómica y nivel de ingresos.
“Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social. Ya lo hicimos con el sistema de comedores, ahora lo hacemos con los últimos planes sociales que quedaban en la Ciudad. Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban para ir a una marcha sin ningún horizonte de progreso”, aseguró el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, Gabriel Mraida.
El nuevo programa está basado en la formación educativa, la capacitación laboral, el trabajo con impacto concreto y la vinculación con el sector privado. Para ello, se establecieron acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas y universidades.
La participación en instancias de formación será obligatoria. Los beneficiarios deberán avanzar en su educación —cuando corresponda— y cumplir con estándares de desempeño. Quienes no cumplan con estas condiciones en el plazo establecido perderán el beneficio.
Los beneficiarios deberán cumplir con instancias de capacitación laboral y educativa para mantener el apoyo.
El programa tendrá una duración máxima de 12 meses y funcionará como un puente hacia el cierre definitivo de la dependencia estatal.
Se suman empresas de servicios, salud, hotelería y mantenimiento como Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa, además de cámaras empresariales y universidades.
Se establecen requisitos explícitos de residencia y situación social para garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.
En el marco de estas políticas, la gestión de la Ciudad había avanzado en la implementación de una aplicación para los comedores: ahora cada persona carga su DNI y esto permite tener un registro de cuántas raciones se entregan. Una fiscalización del Gobierno porteño reveló más de 5.000 raciones irregulares y beneficiarios que estaban muertos, o que tenían autos, inmuebles y hasta jubilaciones millonarias. Además, 40 comedores fueron cerrados.
“El enfoque actual busca devolver la dignidad por intermedio del trabajo, la capacitación y la libertad de elegir un proyecto de vida sin sometimientos políticos”, sentenció el Gobierno porteño.