El planteo fue presentado por el abogado Roberto Castillo, en representación del padre del menor, quien sostiene que no se trató de un hecho aislado sino del desenlace de una situación de violencia que venía de hace tiempo.
Según la denuncia, los primeros resultados de la autopsia encendieron todas las alarmas: las lesiones detectadas no serían compatibles con un accidente y apuntan a golpes de gran intensidad. A esto se suman testimonios de vecinos que hablaron de gritos y episodios de tensión en la vivienda.
Pero el foco no está solo en el entorno familiar. La querella también apuntó contra funcionarios judiciales y del área de protección de la niñez, a quienes acusa de no haber actuado a tiempo pese a señales previas de riesgo. En ese sentido, remarcan que ya existían advertencias sobre la situación del nene y que incluso había decisiones previas que desaconsejaban que volviera con su madre biológica.
Otro de los puntos que generó mayor preocupación es el posible intento de encubrimiento. En la presentación se menciona que se habrían eliminado pruebas, como prendas del menor, y que existiría riesgo de fuga de los acusados.
El caso sigue generando conmoción y reabre el debate sobre el rol del Estado en la protección de los chicos. Ahora, la Justicia deberá definir si avanza con las detenciones mientras la investigación intenta reconstruir qué pasó en las horas previas a la muerte del nene.