Denuncian a Vidal por el decreto que penalizaba a quienes revelaran las DDJJ de funcionarios

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fue denunciada tras la firma la semana anterior del decreto –que luego terminó modificando-, que preveía penas de prisión para quienes revelaran información sobre el patrimonio de los funcionarios.

La denuncia la presentó el abogado Marcelo Parrilli, quien sostuvo que no extingue el delito el hecho que, “producto del escándalo y reprobación pública que suscitó” el decreto 647/16, la norma sufrió modificaciones en tres de sus artículos más controversiales.

El letrado solicitó al juez federal Sebastián Ramos que indague a Vidal y a los ministros de Gobierno, Federico Salvai, y de Coordinación y Gestión Pública, Roberto Gigante, también firmantes del decreto, por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En ese sentido, manifestó que la mandataria provincial y los mencionados funcionarios violaron la Constitución que, por el principio de división de poderes, “impide al Ejecutivo asumir funciones legislativas, más aún si se trata de derecho penal”.

Según la redacción inicial del decreto, las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios tendrían carácter “reservado”, estableciendo penas para quienes vulneraran ese contenido. Asimismo, sostenía que “la utilización indebida de la Declaración Jurada Patrimonial Sintética y/o cualquiera de los datos en ella contenidos, será sancionada de conformidad con la normativa vigente en materia de responsabilidad administrativa, penal y por daños y perjuicios”.

En efecto, Parrilli consideró “evidente” que Vidal “se ha atribuido, al dictar el decreto, facultades legislativas que le están expresamente vedadas por la Constitución Nacional, por la Constitución Provincial y por las más elementales garantías vigentes en materia de división de poderes”.

Y agregó que si no fuera por la “reacción ciudadana”, el Ejecutivo provincial “hubiera mantenido y aplicado el decreto”.

Finalmente, y pese a la derogación de los artículos que dispararon la polémica, afirmó que “el delito se consuma con el dictado del decreto”, por lo que su posterior supresión no hace desaparecer el ilícito. (ANDigital)