Caso González: Tildan de “absurdo jurídico” al sostenimiento de las prisiones preventivas

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) La muerte de la oficial de policía de la comisaría de Ringuelet Valeria González (23) ya lleva más de 15 años de ocurrida en la zona Norte de la ciudad de La Plata y, hasta el momento, el caso ni siquiera pudo ser debatido en un juicio oral y público. Sucede que por deficiencias administrativas, el debate se pospuso en dos ocasiones.

Aún resta conocer si González fue asesinada o si se suicidó. Por este hecho hay dos expolicías imputados y detenidos desde 2011 cumpliendo con prisión domiciliaria. Se trata de Juan Carlos Veck y Débora Vizcarra.

Los abogados de Veck son Adrián Fernández Koeing y Daniel Apaz. Quienes junto Juan José Barragán -letrado que patrocina a Vizcarra- le pidieron por escrito al Tribunal Oral y Criminal 5 de La Plata el cese de la medida.

Vale mencionar que el Tribunal está presidido por la jueza Carmen Palacios Arias, quien deberá resolver los planteos.

En el escrito al que accedió ANDigital los letrados plantean que “los defendidos se encuentran sometidos aún a un proceso, asumiendo a lo largo de más de una década, distintivas situaciones procesales, primero testigo, luego y a partir del pedido de detención, imputado, siendo desde ese mismo momento prisionalizado en unidad carcelaria por espacio de 3 años y 11 meses, circunstancia que desde ya vulnera todos y cada uno de los principios rectores de inocencia en juicio, provocando un exceso de los plazos que establece el código de rito, como normas de carácter nacional e internacional, en relación a la duración y extensión de la prisión preventiva”.

Apaz y Koeing insisten: “nuestro pupilo se encuentra con detención domiciliaria, pulsera electrónica y limitadas salidas laborales, cumpliendo un total a la fecha, de prisión preventiva, de 5 años y 2 meses, con la eventual e hipotética posibilidad -como hasta el presente- que en el mes de febrero del próximo año 2017, se celebre el debate oral, con lo cual a esa fecha nuestro defendido, transcurriría de preventiva casi 6 años. Lo expuesto hasta aquí demuestra un absurdo jurídico y un abuso del instituto”.

“Las circunstancias aludidas deben dar lugar al cese de la prisión preventiva hasta que una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada selle la suerte del proceso y nuestro defendido”, pero “de continuar esta inercia procesal nos encontraremos inciertos en una clara violación al principio constitucional de inocencia”, argumentaron los letrados.

El caso

Los acusados por el hecho son Juan Carlos Veck y Débora Vizcarra, quienes estuvieron en el banquillo y volverán a ese lugar a principios de febrero, en tanto la fiscal de juicio que sostiene la acusación por parte del ministerio Público es Florencia Budiño. La funcionaria está acompañada por la representante del particular damnificado, la abogada Rosario Burlando. Ambas conforman el bloque acusador.

Según la grilla del debate, para el juicio estaban citados 146 testigos entre civiles y funcionario policiales y judiciales que prestarían declaraciones testimoniales ante las partes. Se preveía que el litigio judicial duraría más de un mes. Los letrados Daniel Apaz y Adrián Fernández Koeing representan a Veck como defensores, y Juan José Barragán asiste a Vizcarra.

En este nuevo armado se redujo la grilla, ya que ambas partes desistieron de testigos: “En promedio con esta nueva disposición habrá 30 testigos por cada audiencia, será difícil que se llegue a cumplir con todo”, indicó Koeing en declaraciones a ANDigital.

Asimismo, la instrucción judicial estuvo a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y prestó intervención el juez de Garantías 1, Guillermo Federico Atencio.

La hipótesis del fiscal da cuenta de que “el 25 de septiembre de 2001 un hombre con la participación de una mujer, efectuó en el interior de un automóvil Chevrolet Corsa un disparo con un arma de fuego que impactó en el cráneo de Valeria González ocasionándole la muerte”.

Tanto el juez como el fiscal de la causa descartaron por completo la hipótesis del suicidio y dieron cuenta de que hay elementos para sostener que se intentó manipular evidencia para hacer creer que no se trató de un homicidio. (ANDigital)