Enérgico rechazo a la “engañosa estatización” de los accesos Norte y Oeste

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CoNaDUV) y la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, expresan su enérgico rechazo al proyecto de ley presentado por el diputado nacional del Frente de Todos, Facundo Moyano.

A través de la iniciativa se pretende crear una nueva empresa estatal, denominada Autopistas Metropolitanas SA (AUMET), teniendo como objetivo el hacerse cargo de los Accesos Norte (AUSOL SA) y Oeste (GCO SA) que opera el grupo privado español Abertis hasta el año 2030.

“El paquete mayoritario estaría en manos de los Ministerios de Obras Públicas y de Transporte con el 35 % de las acciones cada uno; la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) con un 13 %; el gremio del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) con un 7 %, y el 10 % un operador privado”, precisó el CoNaDUV.

Así las cosas, indicaron que el proyecto “no estatiza, sino por el contrario, privatiza el 10 % y pretende incorporar más ‘actores’ en la fabulosa recaudación en concepto de peaje, es decir hacer caja, reeditando la nefasta iniciativa original de la creación de la Empresa Corredores Viales SA para quitarle funciones a Vialidad”.

De acuerdo a lo advertido por la entidad coordinada por Ricardo Lasca, la nueva sociedad AUMET realizaría actividades similares a las que hace la Empresa Corredores Viales SA que tiene a su cargo la Autopista Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas y las demás rutas nacionales concesionadas por peaje (excepto Corredor Vial Nº 18 y Puente Rosario-Victoria)

Es así que se daría “un hecho de enorme insensatez de contar con dos presuntas empresas ‘estatales’ de órbita nacional y de similares características, encargándose de tres de los cuatro Accesos a la Capital Federal, es decir AUMET accesos Norte y Oeste, y Corredores Viales SA con la Autopista Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas”, prosiguió el Comité.

Y sentenció: “No es necesaria la creación de otra sociedad anónima, es más, debería derogarse el Decreto 794/2017, ya que existe un órgano estatal como la emblemática Dirección Nacional de Vialidad con casi 90 años de existencia, y que debe ser el verdadero organismo rector de toda la política vial del país”. (ANDigital)