La iniciativa anunciada por los ministros Julio Alak y Teresa García estipula que la documentación se extenderá a las 57 cárceles y alcaidías bonaerenses.

El diputado provincial Daniel Lipovetzky, autor de la iniciativa, dijo que avanzan las conversaciones con el oficialismo para aprobarlo en sesiones extraordinarias.

“Quieren desfinanciar y hacernos arrodillar al límite del sometimiento”, apuntó el jefe de Gobierno porteño, con una puesta en escena nacional. Cuestionó la “intencionalidad política” del proyecto y dijo que irá nuevamente a la Corte.

Con una inversión de 138 millones de dólares, la propuesta prevé subestaciones y tendido de líneas de transmisión, para aumentar la eficiencia y reducir los costos de abastecimiento en Chivilcoy, Guaminí, Necochea y San Andrés de Giles.