Primer paso para la generación de una propuesta de Código de Ética para la Justicia

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) Pensadores, filósofos, especialistas y académicos de la Argentina e internacionales, así como también representantes del Poder Judicial de diferentes provincias, se dieron cita para debatir sobre las prácticas en el servicio de justicia, con el objetivo de valorizar y sensibilizar acerca de la ética en el ejercicio profesional del derecho.

El intercambio de ideas incluyó la determinación de parámetros objetivos que guíen la actuación de los funcionarios judiciales, la búsqueda de equidad que equilibre institucionalmente situaciones sociales complejas, el efectivo cumplimiento de las normativas vigentes y la construcción de un espacio de diálogo constante sobre estos principios.

La apertura estuvo a cargo del presidente del Consejo Económico y Social y secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Gustavo Beliz, quien llamó a impregnar de ética la justicia para evitar la judicialización de la política.

También dijo que “la dimensión del desarrollo sustentable incluye la calidad institucional como un pilar indispensable para proyectar los grandes objetivos del país”.

Cabe consignar que la iniciativa del CES fue especialmente impulsada por la jueza María del Carmen Battaini, ministra del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego y primera mujer elegida presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales.

La magistrada explicó la importancia de contar con un código de ética que potencie las herramientas ya existentes en diversas provincias, en cuanto a la adhesión de principios internacionales y la conformación de códigos de ética, observatorios y tribunales provinciales.

Distintas provincias tienen un Código de Ética propio para el Poder Judicial, como el caso de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Formosa y Santiago del Estero. Río Negro y Neuquén suscribieron los principios ético-jurídicos de Bangalore, y La Pampa, San Juan, Salta y Tierra del Fuego adoptaron el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que cuenta con el aval de 23 países que conforman la Cumbre Judicial Iberoamericana.

El foro contó con cuatro paneles de diálogo. En el primero, titulado “Principios éticos en el Poder Judicial, las Ciencias Jurídicas y Ciencias Sociales”, expuso Rodolfo Vigo, director del Departamento de Derecho Judicial de la Universidad Austral y co-redactor del Código Iberoamericano de Ética Judicial, para quien “la ética puede favorecer la independencia judicial ya que brinda al juez la libertad para elegir una respuesta Jurídica”. También detalló una serie de obstáculos para incorporar la ética en la agenda judicial.

El otro co-autor del Código Iberoamericano, Manuel Atienza, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante, sostuvo que es importante generar las condiciones como para que puedan florecer las “virtudes judiciales”, reduciendo los incentivos para que exista corrupción y corruptela.

En tanto que Alfonso Santiago, miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, dijo que los códigos de ética judicial refuerzan las ideas plasmadas en la Constitución Nacional sobre la buena conducta de los jueces (artículo 112) y el accionar del Consejo de la Magistratura (artículo 114).

Por su parte, Alejandra Ronsini, jueza titular de la provincia de Buenos Aires, resaltó que “la ética judicial está centrada en el perfil humano del juez y ello tiene mucha importancia porque necesitamos recobrar la confianza en la justicia”, en tanto que recordó antecedentes valiosos para avanzar en la materia como la Mesa para la Reforma de la Justicia del Diálogo Argentino en 2002 a nivel local, y el Código de Ética de Austria a nivel internacional.

El segundo panel se tituló Equidad, justicia y Responsabilidad Institucional como valores. El primer orador, Luis Lozano, exsecretario de la Cumbre Iberoamericana de Ética Judicial, manifestó que “El derecho no es matemática. Con frecuencia, establecer la interpretación de la ley es algo que queda librado al juez, donde su mandato es proteger la voluntad del pueblo”.

Por su parte, Armando Andruet, presidente de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, sostuvo que la responsabilidad institucional es un valor vertebral a la vida comunitaria que impone al Poder Judicial su compromiso con criterios que posibiliten una vida ciudadana.

“Las transformaciones mayores se deben dar en la voluntad de los jueces y un buen inicio es encontrar el diálogo sobre estas cuestiones”, agregó, mientras que Roberto De Michele, especialista Principal y director del Clúster de Transparencia e Integridad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo que “no existe una sola fórmula pero en toda sociedad democrática existen algunas reglas significativas que buscan generar la confianza para la convivencia”.

A su término, Alberto Binder, profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires, advirtió que se necesitan reglas básicas para que la administración de justicia no se convierta en “una docente de trampas” y se cumpla la ley. Para ello recomendó construir una pedagogía que ayude a comprender las reglas de juego.

El tercer panel, denominado “Consejos y Colegios Profesionales. Ejercicio de la profesión” tuvo en la apertura la participación de Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), quien destacó la importancia de la ética judicial como pilar, “como herramienta necesaria para el afianzamiento de la independencia judicial”. Y concluyó que “es necesario que los códigos de ética judicial comprendan cómo inciden en las buenas prácticas la perspectiva de género”.

Eduardo Sodero, vocal de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, aseguró que los colegios y consejos profesionales han dictado normas éticas que en su conjunto están llamados a tutelar. “Estos principios expresan la especial posición en la que se encuentran los profesionales, llamados a hacer una contribución fundamental al bien común”, añadió.

Juan José Gilli, profesor Titular de la Universidad de Buenos Aires, destacó que en la currícula de 24 universidades examinadas no figuraba la cuestión de la ética como una materia específica y eventualmente figuraba como una materia optativa. “Creo que es fundamental desde la formación insistir sobre estas cuestiones éticas y en la formación permanente”, sugirió.

A su turno, Rosalía Silvestre, vocal en la Mesa Directiva de FACA y delegada del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, comentó que “se trata es de hacer del juez el mejor juez, del árbitro el mejor árbitro, del mediador el mejor mediador y así en sus distintos roles”. También remarcó que “Internet dio un quiebre. Hoy los desafíos que enfrentamos se deben a, por ejemplo, el marco territorial donde se ejerce la profesión. De manera que eso también debería ser considerado en los cuerpos normativos de la ética”.

El último y cuarto panel estuvo dedicado a los principios de independencia, honestidad y prudencia. En la apertura, David Ordóñez Solís, secretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, explicó que Código Iberoamericano de ética judicial es realmente un instrumento vivo, al servicio de los jueces, y la clave de su éxito ha sido sin duda que la letra está sometida a una interpretación continua de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. “Los jueces no pueden pertenecer a partidos políticos y tiene que haber también unas apariencias de independencia”, enfatizó.

Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, dijo que el Código Iberoamericano de Ética Judicial llama a evitar cualquier tipo de reuniones públicas o privadas con miembros de otros poderes, dejando claro que solo serían posibles las reuniones políticas de carácter protocolar. “No deben existir normas éticas de carácter obligatorio, pero sí normas jurídicas y disciplinarias”, observó.

Seguidamente, la jueza Rosa María Maggi Ducommun, ministra de la suprema Corte de Justicia de Chile, advirtió que más allá de la regulación del derecho, es la ética la que puede garantizar un buen sistema judicial, capaz de inspirar confianza en la sociedad.

“Una labor que el Código entrega a la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial consiste en la emisión de dictámenes sobre las inadecuadas relaciones que pueden presentarse entre la justicia y la política, o entre la justicia y el ejercicio de la profesión de abogado”, acotó.

Eduardo Fernández Mendía, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de La Pampa, agregó que falta una épica de la moral judicial y que la independencia no es un privilegio, es la garantía de las partes. “La independencia es el alfa y omega de nuestra función”, describió.

El último orador del panel, David Patchman, secretario de Gestión y Coordinación Administrativa y Jurisdiccional del Supremo Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, sostuvo que hay que trabajar para fortalecer, sensibilizar y comprometerse con el cumplimiento del Código Iberoamericano.

“Hoy en día tenemos compromisos internacionales que nos obligan a mirarnos para adentro como la Agenda 2030 o la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, todas normas internacionales que generan compromisos internos de discusión y generación de códigos de conducta”, justificó.

En las conclusiones, a cargo de María Eugenia Echagüe, relatora del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, se detallaron los próximos pasos a seguir para avanzar en los consensos necesarios para edificar un Código de Ética Judicial para todo el país. (ANDigital)