Declaraciones Juradas: Vidal admitió “un error” en el polémico decreto

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) Tras la polémica que desató el decreto que prevé penas de prisión para quienes difundan datos vinculados a las declaraciones juradas de los funcionarios, la gobernadora María Eugenia Vidal admitió un “error” en la redacción y derogó tres artículos “para despejar cualquier inquietud”.

“A raíz de las dudas generadas por el decreto 647/16, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires reconoce un error en la redacción del mismo”, aclara un comunicado oficial, e informa que en función de lo sucedido, “la Gobernadora resolvió derogar los artículos 1, 2 y 7, para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público”.

De este modo, Vidal refrendó lo pronunciado discursivamente en la tarde del miércoles, cuando prometió “revisar” las cuestiones técnicas que “hayan generado dudas”. Es que tal como estaba contemplado, el decreto fijaba penas de hasta cuatro años de prisión para quienes revelaran información sobre el patrimonio de los funcionarios, de acuerdo a los establecido por el artículo 157 del Código Penal.

Por consiguiente, avanzó en la derogación del Artículo 1, que establecía que “los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo el carácter y o contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente”.

En tanto, el Artículo 2 planteaba que “la utilización indebida de la Declaración Jurada Patrimonial Sintética y/o cualquiera de los datos contenidos en ella será sancionada de conformidad con la normativa vigente en materia de responsabilidad administrativa, penal y por daños y perjuicios que en cada caso resulte de su aplicación”.

Finalmente, el tercer punto sobre el que la gobernadora decidió retrotraerse -Artículo 7- remarcaba que “toda persona será responsable por la violación de los deberes de confidencialidad y demás obligaciones que se derivan de lo establecido en el presente”. (ANDigital)