Sistema político y pandemia

Por Jorge Milton Capitanich (*)

En octubre se cumplen siete meses de pandemia sin cambios profundos en el sistema político, económico y social.

La pandemia puso al descubierto la precariedad laboral de gran parte de la humanidad, la laxitud del sistema de seguridad social y la debilidad estructural del sistema sanitario.

De las 7.500 millones de personas que habitan el mundo, 4.000 millones son su fuerza laboral. De ellas, 2.500 millones son trabajadores informales. La informalidad varía por continente: en África alcanza al 85 % de los trabajadores, en América Latina al 45 % y en Estados Unidos y la Unión Europea (UE) al 25 %.

En 2019, la tasa de desempleo publicada por la OIT era del 5,4 %, con 190 millones de trabajadores desocupados. Hoy asciende a 470 millones.

Más informalidad laboral y desempleo significan menos financiamiento, sistemas de seguridad social más endebles, y dificultades para sostener el Estado de bienestar.

La evasión fiscal a gran escala, las guaridas fiscales, la competencia de países por bajar impuestos para capturar inversiones cada vez más agresivas, exhiben un mundo polarizado entre la riqueza concentrada y la pobreza de comunidades descartadas y excluidas.

Sólo el Estado a través de sus redes sanitarias pudo atenuar el impacto de una pandemia que la OMS pronostica se llevará 2 millones de vidas y tendrá 50 millones de infectados.

La Universidad de Oxford estima un ocultamiento de fondos en paraísos fiscales equivalente a más de 7,6 B de dólares, que implican una reducción del financiamiento estatal: menos recursos garantizar el ejercicio de derechos.

Las debilidades del sistema de salud se traducen en muertes evitables, y la pandemia demostró que se mueren los más vulnerables: ancianos, pobres y enfermos crónicos, que no alcanzan atención de calidad a lo largo de su vida.

La democracia republicana en el sentido clásico está en crisis. Las tensiones entre libertad e igualdad, representación y representatividad, legalidad y legitimidad alcanzan su punto máximo.

No hay libertad sin igualdad, representación sin representatividad, ni legalidad sin legitimidad. No hay democracia sin el ejercicio de los derechos de las mayorías.

La democracia social está en peligro: la que surge de la voluntad del pueblo para elegir a sus gobernantes y requiere un sistema que cuide el planeta, distribuya equitativamente sus bienes y extinga la prepotencia armamentista y la vida hedonista del consumismo que corroe el sentido de la vida.

“Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”, dice Joan Manuel Serrat en una de sus canciones.

Esta es la verdad, y si somos capaces de unirnos para combatir las desigualdades, tiene remedio. Pero no es dividiendo derechas de izquierdas, naciones, pueblos, ni comunidades.

Tampoco seremos pretenciosos en concebir una sociedad igualitaria o abolir la existencia de ricos. Se trata de construir una sociedad más fraterna, más humana, en donde como decía Hobbes el “hombre no se convierta en lobo del hombre”.-

(*) Actual gobernador del Chaco (PJ), exsenador nacional y jefe de Gabinete de Ministros, entre otros cargos.