Por Marcelo Bermolén (*)
El Presidente de la Nación promovió algo muy similar a una estafa piramidal y no es la primera vez que lo hace. Como diputado de la Nación en diciembre de 2021 promocionó la plataforma CoinX -especializada en criptomonedas- que con promesas de rendimientos extraordinarios terminó también denunciada por estafa.
¿Es peor que el $LIBRAgate haya sido una estafa o que haya sido un acto de ignorancia del Presidente en el área en la que él mismo se reconoce experto?
Es difícil creer en la inocencia de Javier Milei en tanto dedicó dos reuniones presenciales -en ejercicio del cargo- al tema. La primera el 19 de octubre de 2024 con Julían Peh de la empresa KIP Protocol -impulsora del token $LIBRA- y después, el 30 de enero de 2025, con Hayden Mark Davis de Kelsen Ventures, quien resultara operador de las transacciones.
Cabe preguntarse: ¿Dónde invierte el tiempo el Presidente de la República? ¿En solucionar los problemas de los argentinos o en promover un memecoin para alimentar su narcisismo?
Milei es un transgresor de las instituciones. Las pone a prueba constantemente. Cree que no hay límites para el Presidente de la República. No tiene noción, tal vez, de hasta dónde puede forzar la institucionalidad.
Este Gobierno no ha hecho gala ni de la calidad institucional ni de la transparencia en la información pública.
La Oficina Anticorrupción (OA) investigará al Presidente, pero en realidad es el Presidente investigándose a sí mismo. En tanto la OA depende directamente del Poder Ejecutivo y se encuentra liderada por Alejandro Melik, ex socio del actual ministro de justicia Mariano Cúneo Libarona.
La auto investigación de Milei sobre la moneda $LIBRA será más para acomodar pruebas que para llegar a la verdad.
La única indagación con credibilidad es la que hubiera podido llevar a cabo el Defensor del Pueblo de la Nación (artículo 86 de la Constitución Nacional), rol que hace 15 años se encuentra vacante, quién podría haber requerido información a los 3 poderes y/o disponer de allanamientos con auxilio de la fuerza pública. Milei no ha mostrado interés alguno, como los anteriores mandatarios, en promover su designación.
En la misma semana en la que se votó la Ficha Limpia, se promovió la moneda sucia. El deterioro institucional en Argentina es cada vez más profundo y alarmante, mientras la sociedad se encuentra distraída con relativas mejoras económicas.
La justicia federal en la Argentina no funciona: acumula poder sin cumplir sus objetivos y usa las causas como mecanismo de presión política, a la par que muchas veces opera en connivencia con el poder político.
El problema de la corrupción en Argentina es transversal y está enquistado en el poder. Milei prometió cambiar el sistema, pero Argentina sigue con los mismos niveles de corrupción que dejó Alberto Fernández como lo confirma la última edición del Índice de Percepción de la Corrupción 2024, elaborado por la ONG Transparencia Internacional.
La política está convertida en un mercado de favores, donde todo tiene precio y se negocia. Muchas veces el Congreso de la Nación parece estar compuesto por legisladores de mercado.
Nuestra clase política todavía está a tiempo de impedir que Ariel Lijo -el juez más cuestionado en la historia de la nueva democracia-, acceda a la Corte Suprema, y de poner un freno a esta degradación institucional.
(*) Director del Observatorio de Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral