Raúl Alfonsín y los derechos humanos

Por Pedro Noel Romero, corresponsal de ANDigital en Casa Rosada

Este martes 30 de octubre se cumple el vigesimonoveno aniversario del triunfo en las urnas de Raúl Alfonsín (Padre de la Democracia).

La Argentina venía de padecer la peor tragedia tras haber vivido la noche más larga y tenebrosa de su historia porque la última dictadura cívico-militar había dejado un saldo de 30 mil desaparecidos y 500 niños robados con sus identidades cambiadas y dados en adopción “ilegal” de los cuales 107 pudo recuperar Abuelas de Plaza de Mayo.

El ex mandatario había desarrollado una intensa campaña proselitista que tuvo como publicidad central su recitado del Preámbulo de la Constitución Nacional “con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer á la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

Y fue de enorme contribución para su triunfo, la quema del féretro por parte de Herminio Iglesias en el Obelisco, en el acto de cierre del candidato del peronismo Ítalo Argentino Luder.

Ese 30 de octubre por la noche, Alfonsín decidió que iba a asumir el 10 de diciembre de 1983 porque en esa fecha se conmemora el Día Universal de los Derechos Humanos con lo que estaba dando un primer mensaje esclarecedor al mundo: la Argentina de Raúl Alfonsín no iba a pactar con las Fuerzas Armadas alguna transición democrática.

Este año cubrí para ANDigital la última movilización de repudio contra el Golpe Militar de 1976 y recordé tantas marchas de los 24 de marzo en las que numerosos pibes de la Juventud Radical del Comité Formosa de Capital Federal revoleaban por el aire miles de panfletos que rezaban “Nosotros no indultamos” y “Somos el Juicio a las Juntas”.

Tenían la imagen de Alfonsín. En los primeros años de marchas los jóvenes radicales alfonsinistas siempre tenían algún encontronazo con militantes de partidos de izquierda y con barras de entidades defensoras de los derechos humanos que nunca perdonaron al gobierno radical las leyes de Punto Final y Obediencia Debida conocidas como las “Leyes del Perdón”.

Hoy pienso en el enorme valor que tuvo para el presente en la marcha de los Juicios por la Verdad en todo el territorio argentino, el coraje y la decisión de Néstor Kirchner porque cuando asumió el 25 de mayo del 2003 anunció su posición favorable a desempolvar las causas penales contra los represores de la última dictadura. Pero también pienso en Raúl Alfonsín.

Sobre todo porque después de toda la información que se da a conocer hoy en la mayoría de los medios periodísticos sobre las presiones de los medios hegemónicos (Clarín y La Nación) que debió afrontar el ex mandatario; y que son utilizados a favor del actual Gobierno kirchnerista en medio de la pelea de fondo para hacer cumplir la nueva ley de medios audiovisuales, hoy debiera trocarse aquella imagen de un Alfonsín débil para hacer frente a los levantamientos militares por la de un Alfonsín valiente y visionario que siempre estuvo absolutamente convencido de que debía hacerse justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983.

Hoy también pienso que en la semana del último 24 de marzo el Congreso homenajeó a los camaristas que condenaron en 1985 a los miembros de las juntas militares de la dictadura.

Recuerdo que los magistrados de la Cámara Federal de la Capital Federal León Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio (ya fallecido), y el fiscal de esos juicios, Julio César Strassera, habían obedecido una orden para llevar adelante su cometido: La de Raúl Alfonsín, quien como Presidente y Comandante de las Fuerzas Armadas tuvo la voluntad política extraordinaria y la visión necesaria para emprender un camino inédito en el mundo: el juzgamiento de las Juntas Militares, en una decisión que apenas si reconocía otros antecedentes internacionales en los juicios de Nüremberg, o el de Adolf Eichmann en Israel o los practicados contra los autores de la Dictadura de los Coroneles, en Grecia.

Las crónicas indican que tras aquel triunfo del 30 de octubre del 83, entre las primeras medidas de gobierno que adoptó, Alfonsín firmó el decreto 158 que establecía el juicio a los ex comandantes (tenientes generales Jorge Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri; los almirantes Emilio Massera, Armando Lambruschini y Jorge Anaya; y los brigadieres generales Orlando Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo) que integraron las tres Juntas Militares ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

El motivo, su responsabilidad en los homicidios, torturas y detenciones ilegales perpetrados entre 1976 y 1983 inspirados en la Doctrina de la Seguridad Nacional; también derogó la ley de pacificación nacional (Nº 22.924) que había firmado el presidente de facto Reynaldo Bignone, porque constituía una virtual autoanmistía; y, para llevar adelante los juicios, decidió reformar el Código de Justicia Militar, en el punto que establecía que los militares sólo podían ser juzgados por sus pares.     

Y a tan solo cinco días de ocupar el poder, el nuevo presidente, firmó el decreto 187, que creó la CoNaDeP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) para esclarecer los hechos violatorios a los derechos humanos del gobierno militar. El libro  “Nunca Más” fue el informe de la CoNaDeP que reveló el secuestro sistemático de hombres mujeres y niños, la existencia de alrededor de 340 centros de detención bien organizados, y el uso metódico de tortura y asesinato. Reunió información sobre 8.960 personas secuestradas y desaparecidas, aunque luego, con la incipiente labor de los organismos de derechos humanos se llegó a concluir en que fueron 30 mil los desaparecidos.

Los registros de las atrocidades cometidas en el llamado Proceso de Reorganización Nacional fueron destruidos por los militares, tras la guerra de Malvinas, en 1982. Pero ya en 1980 Amnesty Internacional en un informe ante la ONU había remarcado que “la lucha sin par de las Madres de Plaza de Mayo, desde la época misma de la dictadura, por encontrar a sus parientes desaparecidos, constituye en la historia argentina el ejercicio más valiente por esclarecer la historia oculta”.

Para explicar el valor que alcanzó en el mundo aquella decisión de Alfonsín, apelo a tres opiniones vertidas en la Argentina en la semana del último 24 de marzo: Por un lado, la de Camila Vallejos, ex secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile, quien dijo al diario Página/12 que “los jóvenes chilenos no somos hijos de la democracia, sino de la post-dictadura, no existe la democracia plena”.

Es que en el Cono Sur, todos los gobiernos democráticos pactaron con las fuerzas armadas mientras que en la Argentina Raúl Alfonsín decidió juzgar a los represores, nunca los indultó (lo hizo Carlos Saúl Menem…) y llegó hasta donde pudo en una etapa de plena consolidación de las políticas neoliberales en el mundo y en un país en el que el empresariado nacional y las multinacionales avivaban el fuego de la hiperinflación que terminó en un golpe de Estado económico entre otras cosas porque el ex mandatario había tenido la osadía de impulsar aquellos juicios.

El segundo testimonio corresponde a Jorge Torlasco, el citado ex camarista que juzgó a los militares quien nos dijo a los periodistas: “Yo no voy a hablar mal de los jueces actuales pero lo que recuerdo es que nosotros tuvimos que actuar contra todas las opiniones y las evidencias; nuestros mismos colegas de la Justicia no nos vinieron a ver al Juicio a las Juntas. Opinaban que nosotros estábamos haciendo algo que era político y no era jurídico, fue terrible. Estábamos solos”.

Y en el programa 6,7,8 de la TV Pública, Macarena Gelman, nieta recuperada del poeta argentino Juan Gelman dijo que “en Uruguay lamentablemente no tuvimos la suerte de tener un juicio a las juntas”.  

Recordé también que en la Semana Santa de 1987, el peronismo exhibía a Antonio Cafiero junto al presidente radical en Campo de Mayo en respaldo de la Democracia jaqueada por “los carapintadas” pero el PJ también fogoneaba junto a Saúl Ubaldini los 13 paros desestabilizadores de una CGT que asfixió a Alfonsín; y las tapas de Clarín y La Nación eran incendiarias contra el mandatario radical. Clarín, sin ninguna duda porque tenía “cola de paja”: Ya era un “secreto a voces” que los hijos adoptados por Ernestina Herrera de Noble habían sido robados a padres desaparecidos.

Cuando perdió Eduardo Angeloz la elección con Carlos Menem en mayo de 1989, Raúl Alfonsín pidió a los empresarios que lo dejaran terminar su mandato. Pero se paró frente a él Héctor Magnetto (CEO de Clarín) y lo condenó con un lapidario “ustedes ya son un obstáculo”, en tiempos en que cinco tapas del gran diario argentino desestabilizaban a un Gobierno.

Una penosa y dura realidad en la relación Gobierno y medios periodísticos que las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se empeñaron en cambiar y mal no le va pese al enorme clima de tensión que se vive entre quienes nos desenvolvemos en la labor periodística y la presión que ejercerán hasta el 7 de diciembre los medios hegemónicos.

Apelo a un último dato: En el año 2003, cuando Néstor Kirchner decidió derogar las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y pidió a la Justicia que pusiera manos a la obra para acelerar las causas en los juzgados federales (Juicios por la Verdad); y propició la declaración de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y la derogación de los indultos que firmó Menem, Alfonsín tuvo la grandeza y humildad de remitir una carta a cada legislador radical para instarlos a que aprobaran la iniciativa porque la Argentina estaba en condiciones de juzgar a los represores sin que los gobernantes tuvieran que ser víctimas de la presión que sufrió él en la segunda mitad de los años 80.

Es que en aquellos años del histórico Juicio a las Juntas, cuando la justicia citaba a militares, la mayoría de los convocados eran aún jefes de unidad. Había que ir a buscarlos a los cuarteles. Tenían entre 50 y 55 años. Estaban en la plenitud de sus vidas a diferencia de hoy, que se mueren en sus domicilios, de hecho, acaba de fallecer este último lunes, a los 85 años, el ex ministro del Interior de Videla, Albano Harguindeguy, sin duda, uno de los represores más perversos de la dictadura.

Hay un dato fundamental para entender por qué hoy cobra vigencia la valentía de Alfonsín. Tras los alzamientos militares del 87 que lo acorralaron para terminar por enviar al Congreso los proyectos de Punto Final y Obediencia Debida; y su entrega del mando presidencial seis meses antes en el 89, siempre creyó que iba a existir una revancha en el campo de los derechos humanos. Una vez le confesó al lamentablemente fallecido ex secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde su convencimiento de que los genocidas no iban a poder escaparse de la responsabilidad del “robo de bebés”. Tarde o temprano, remarcaba en voz baja Alfonsín, haber cometido ese delito inédito en el mundo, los iba a devolver al “banquillo de los acusados”, como sucede en la actualidad.

Sabía de la fortaleza de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; seguía con atención los pasos del juez español Baltasar Garzón y tenía la certeza de que algún día iba a existir una reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad pero para ello debía dar un paso trascendental: Su revancha fue impulsar la incorporación en la Constitución Nacional de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que tienen que ver con la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

Lo hizo en la Convención de Reforma de la Carta Magna desarrollada en Santa Fe en 1994. Impulsó el otorgamiento de Jerarquía Constitucional a la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio que permitió incorporar a la Constitución los postulados de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y  de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.

Aldo Rico era convencional constituyente en 1994 y sabía que significaba la incorporación de los Tratados que impulsaba el ex presidente radical. Preso de ira se retiró del recinto para eludir el debate, junto a una decena de convencionales que compartían su rechazo a la iniciativa.

Tan visionario fue Alfonsín, que esa incorporación permitió que en la Argentina, apelando a las figuras de genocidio e imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, se pudiera juzgar y condenar un mes atrás a los represores que perpetraron en agosto de 1972 la “Masacre de Trelew”.    

En lo que tiene que ver con los Juicios por la Verdad, hasta hoy han sido condenados 285 represores y hay 800 procesados y cada vez que los jueces dan a conocer sentencias condenatorias contra los genocidas en los Juicios por la Verdad se leen denuncias y pruebas que en su gran mayoría fueron recopiladas en aquel histórico juicio a las juntas y merced a la labor de la CoNaDeP.

Jorge Rafael Videla dijo en marzo de este año a la revista española “Cambio 16” que lo peor que les pasó a los militares fueron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Todo un elogio para la política de derechos humanos del 2003 al presente 2012.

Termino esta columna de opinión reiterando el lamento de Macarena Gelman, la nieta del escritor Juan Gelman: “En Uruguay no tuvimos la suerte de tener un juicio a las juntas”. En la Argentina sí. Fue por decisión de Raúl Alfonsín. Con uno y mil errores en la gestión y con las leyes del perdón que yo nunca pude digerir.Sin el juicio a las juntas y la Labor de la CoNaDeP a Kirchner le hubiera resultado mucho más difícil, casi imposible, llevar adelante su iniciativa de juzgar a los genocidas y desempolvar las causas que permanecieron abiertas merced a la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y hasta del juez español Baltasar Garzón.

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