Ordenan trasladar a su casa a Lucas Puig, el docente condenado por abusar de dos alumnos menores

A fines de enero pasado una grave enfermedad complicó el estado de salud del docente de música Lucas Manuel Puig, de 45 años de edad, mientras estaba preso en la Unidad Penal Nº 28 de Magdalena. Su delicada situación provocó la derivación al Hospital San Martín, de La Plata, y sus abogados solicitaron de forma urgente que sea externado de la cárcel en la que estaba: lo requirieron primero al Tribunal Oral I de la capital bonaerense y luego al TOC III que estaba de turno durante la feria judicial.

Con la historia clínica de Puig bajo la lupa, los jueces Ernesto Domenech y Santiago Paolini no dudaron en permitir el traslado a su casa de Los Hornos: “El paciente recibe tratamientos paliativos y cuenta con apoyo respiratorio. Horas atrás no reconoció a uno de sus abogados y llegó a perder la conciencia”, contó una fuente del entorno del docente a ANDigital.

En tanto, en la resolución a la que accedió ANDigital, los jueces del Tribunal III aclaran que se entrevistaron con los médicos que asisten a Puig para ponerse al tanto de la situación. En ese marco, los funcionarios judiciales fueron informados sobre la gravedad de su cuadro clínico.

Por ello hicieron lugar al habeas corpus requerido por los letrados que patrocinan al docente –Adrián Fernández Koeing y Daniel Apaz–: “En efecto, Lucas Puig se encuentra en grave estado de salud. Ello así surge del informe del actuario y la historia clínica recepcionada en el día de ayer”, se lee en el documento judicial; su pronóstico es reservado.

Fundamento

Los funcionarios judiciales justificaron su decisión en que “debe modificarse la prisión preventiva carcelaria que Lucas Puig sufre y sustituirse por una prisión preventiva domiciliaria, ya que el mantenimiento de la primera excede el propósito de una medida cautelar y agrava las condiciones de su privación de libertad”.

“Sin perjuicio de que Lucas Puig se encuentra debidamente atendido en el Hospital San Martín que lo aloja y cuida, esto no implica que no corresponda su alojamiento domiciliario cuando se encuentran abastecidos los extremos previstos en el artículo 10, inciso b), del Código Penal antes citado”, se indicó en el fallo.

Dicho artículo señala que “podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria quienes padezcan una enfermedad incurable en período terminal”.

El traslado de Puig fue ordenado para este mismo jueves bajo ciertos requisitos:

• Obligación de residir en el domicilio informado.
• Requerir autorización en caso de movilización.
• La Defensa deberá informarle a los jueces cada 48 horas el estado de salud de su asistido.

Ofensiva en puerta

Los abogados de Puig preparan un pedido de juicio político para los jueces del Tribunal Oral y Criminal I de La Plata. Sostienen que Hernán Decastelli, Ramiro Fernández Lorenzo y Cecilia Sanucci incurrieron en arbitrariedades y valoraciones carentes de fundamentos para condenar a Puig a la penal de 35 años de prisión (Léase Condenan a 35 años de prisión a un profesor de música en La Plata por abuso sexual infantil).

Los letrados resaltaron el voto de juez de la Sala V de la Casación Bonaerense, Víctor Violini, quien este martes cuestionó el fallo del 30 de agosto de 2022 del TOC 1. Enumeró errores de procedimiento, violaciones a los derechos del imputado y describió irregularidades a los largo de los 14 años en los que se extendió en proceso penal.

En síntesis, Violini resaltó que “me resulta imposible condenar a un inocente”. Sus colegas de sala Carlos Natiello y Ricardo Maidana no llegaron a estas conclusiones y por mayoría convalidaron lo hecho por los jueces del Tribunal I de La Plata.

Por último, los defensores de Puig remarcaron que los jueces del TOC I carecieron de humanidad y a su vez resaltaron la decisión de Domenech y Paolini: “Es imperativo que los jueces actúen con sensibilidad y comprensión ante situaciones como la de Lucas Puig, donde la vida y la dignidad humana están en juego. Es hora de exigir un cambio en aquellos jueces que carecen de humanidad en sus decisiones, para así garantizar un sistema judicial más justo y equitativo para todos los ciudadanos”, indicaron.