El Gobierno elimina la Cédula Azul

De acuerdo al resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), y con el objetivo de “reducir costos y eliminar trámites burocráticos”, el Gobierno adelantó que “se cerrará el 40 % de los registros automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos”.
 
Asimismo, dieron cuenta que “se reducirá el 30 % del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas”.
 
También recordaron que “se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP” y se eliminará la “cédula azul”, por lo que “a partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil”, documentación que ya no tendrá vencimiento.

“Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100 % de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad”, en tanto que “el Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros”, prosiguió el comunicado oficial. 

También quedó establecido que se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos, al tiempo que se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, “para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70 % del costo total de una transferencia”. 

Entre otros puntos, se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales y se aumentará “significativamente” el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo. 

A partir de este momento, se inicia la segunda etapa de la auditoría, que “tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y bajar fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos”.