lunes 20 de mayo de 2024 - Edición Nº3712

Policiales y Judiciales | 13 may 2024

“Gerentes de la pobreza”

Allanan a 27 dirigentes sociales en causa por extorsión a beneficiarios de planes sociales

Así lo pidió el fiscal Federal Gerardo Pollicita. Apuntan a dirigentes del Polo Obrero, de Barrios de Pie y del Frente de Organizaciones en Lucha. Los detalles.


La Justicia Federal concretó 27 allanamientos en las últimas horas a dirigentes sociales en el marco de la causa que se sigue por extorsión a beneficiarios de planes sociales y que surgió a partir de denuncias anónimas radicadas ante la Línea 134, habilitada el 19 de diciembre de 2023 por el Ministerio de Seguridad de la Nación, para que beneficiarios de planes sociales denuncien amenazas de dirigentes ante movilizaciones o piquetes.

Fue el fiscal Federal Gerardo Pollicita quien solicitó los allanamientos ante la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que a la postre dio el visto bueno, y que encomendó los operativos a la Policía Federal Argentina, a cargo de la investigación.

De acuerdo a la pesquisa, los acusados “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.

Ante el avance investigativo se concluyó que se reunieron “los elementos de convicción suficientes para convocar a 28 personas y efectuar 27 allanamientos”, y ellos son Jeremías Canteros (mesa nacional del Polo Obrero), Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca  Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello, quienes integran el Polo Obrero, el Movimiento Barrios de Pie y el Frente Organizaciones en Lucha (FOL), que administraban comedores populares.

El fiscal Pollicita evaluó que los imputados canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de “cooperativas”, desconociéndose el destino final de ese dinero, razón por la cual solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados.

El Tribunal ordenó el secuestro de los dispositivos electrónicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayoría de las presuntas coacciones y extorsiones se realizaban por esos medios, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo.

Los chats de apriete

Las personas que realizaron las denuncias en la Línea 134, y que las ratificaron en sede fiscal, aportaron sus propios chats y mensajes donde se dio por probada la extorsión extorsionados para concurrir a las marchas.

Del análisis de las pruebas se pudo establecer que no tenían concurrencia espontánea a las movilizaciones y por eso extorsionaban a la gente. Se acreditó también que desviaban los recursos para los comedores y que la comida que daba el Estado era comercializada y administrada por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar políticamente.

Las pruebas también concluyen que la gente que no podía ir tenía que acreditarlo con certificados médicos, y se secuestraron millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia.

A través de sus redes sociales la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se hizo eco de estos allanamientos, muchas desarrollados en comedores, cooperativas y casas particulares de los involucrados, y dijo que se trata de “la primera vez en la historia en donde se allanan a las organizaciones –entre ellos, Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero– que extorsionaban a las personas para ir a las marchas”.

“Todo esto es información que recibimos en la Línea 134, que nos dieron los ciudadanos extorsionados, y nos muestra el camino de la libertad de estas personas”, agregó la funcionaria nacional, quien concluyó: “Se acabó esto de aprovecharse de la gente para financiar sus negocios espurios”.

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