¿Un agente de la DDI La Plata ejecutó a un delincuente? La fuerte acusación de la Fiscalía

La fiscal Cecilia Corfield está a cargo de la UFI Nº 15 del Departamento Judicial La Plata, la noche del 9 de mayo estaba de turno y fue convocada de urgencia al barrio “La Favelita”: le comunicaron que en las inmediaciones a los monoblocks de las calles 18 y 528 yacía el cuerpo sin vida de un joven de 19 años de edad.

El fallecido fue identificado como Nahuel Alejandro Silva, y antes de su deceso la policía lo había ido a buscar con una orden de arresto por los cargos de “robo y homicidio”.

El operativo policial estuvo a cargo de agentes de la DDI La Plata, tuvo aval de un juez de Garantías, y en el lugar había al menos 26 agentes, entre oficiales de las áreas de Investigaciones e Infantería.

Junto al cuerpo de Silva estaba la moto en la que, según se plantea, intentaba escapar y así mantenerse prófugo. A metros del vehículo se encontraba el arma que portaba Silva, una Bersa con numeración suprimida y balas aptas para el disparo en su cargador. Sobre esa noche circularon varias versiones: la del forcejeo con un disparo accidental, la del tiroteo con fuego cruzado, la del choque seguido de muerte y hasta la hipótesis de una presunta bala perdida. El caso era, de mínima, confuso; de máxima, turbio.

El hermetismo sobre la pesquisa se mantuvo, la fiscal convocó a una fuerza de investigaciones conocida como “Casos Especiales”. Los oficiales de esa unidad llevaron más de 14 horas de pericias en el lugar del hecho entre inspecciones oculares, levantamiento de pruebas, rastros, fotografías y elaboración de planos con un informe final al que ANDigital tuvo acceso completo, y que luego fue girado a la UFI Nº 15.

Con ese informe, de más de 100 páginas, la fiscal avanzó confiscando más de 25 armas reglamentarias, se trata del armamento de los policías que estuvieron en el lugar.

Con los informes periciales la fiscal sostiene la acreditación de que Silva estaba esposado al momento de recibir el disparo, la autopsia reveló que la bala que terminó con su vida viajó de atrás hacia adelante, a traición y a una distancia máxima de 2,5 centímetros: “El médico de Policía inició el reconocimiento médico legal del cuerpo de la víctima, informando que presenta un orificio de entrada en el cráneo, en el sector posterior lateralizado derecho, sin orificio de salida”, se lee en el detallado informe al que accedió ANDigital.

Los forenses también analizaron la ropa que llevaba Silva. El proyectil que lo mató atravesó la capucha de su campera y de su gorra dejando una mancha de pólvora negruzca típica de una ejecución a corta distancia: “Quema las prendas dejando un tatuaje característico”, sostuvo un forense ante la consulta de este medio.

La bala extraída de la cabeza de Silva era de la policía. A la fiscal la faltaba saber de qué arma salió el disparo y a qué oficial pertenecía. Para develar esas incógnitas ordenó un cotejo del proyectil extraído con las balas de las pistolas reglamentarias incautadas.

Esa pericia se desarrolló en el laboratorio balístico-forense de Lomas de Zamora el 17 de mayo pasado. Estuvo a cargo del Lucas Mateo Basane, perito balístico, asesor técnico y director del Instituto de Ciencias Forenses Conurbano Sur, y el informe final oficial al que accedió ANDigital reveló que: “La vaina servida calibre 9x19mm, fue accionada o percutada por la pistola Número 25, marca BERSA, modelo Thunder 9 PRO, calibre 9x19mm con código alfanumérico de identificación serial 13-E44504. Los proyectiles y el proyectil extraído mediante operación de autopsia han sido disparados y han dado paso forzado por el interior del cañón que equipa la pistola, marca Bersa, modelo Thunder 9 PRO, calibre 9x19mm con código alfanumérico de identificación serial 13-E44504”, se trata del arma reglamentaria que portaba esa noche el subteniente de la DDI La Plata Fernando Ezequiel Carrera Simonetti.

Con esos elementos de prueba la fiscal Corfield ordenó el arresto de Simonetti, medida que se hizo efectiva esta misma semana; la detención fue convalidada por el juez de Garantías Agustín Crispo, a cargo del Juzgado Nº 6. A esta hora, junto al Ministerio Público, se sumó a la acusación la Comisión Provincial por la Memoria.

“Hay dudas y el hecho no está esclarecido”

Los abogados que defienden a Simonetti son Cristian Romano y Juan Pesquera. Los letrados indican que su asistido no pudo ser el autor del hecho y para argumentar esa posición sostienen varios puntos: “En primer lugar, ninguno de los testigos o declarantes en la causa lo ubican a Simonetti cerca de la víctima, nunca pudo llegar hasta él porque si hubo una persecución nuestro cliente no pudo alcanzarlo jamás ya que tiene una lesión en uno de sus tobillos”, explicó Pesquera ante la consulta de ANDigital.

En su línea defensiva, el penalista agregó: “En cuanto a la pericia balística, hay que decir que el resultado no está argumentado porque aún restan conocerse los informes complementarios, solo se tiene un estudio preliminar y precario que nada dice de las comparaciones hechas en municiones, balas y armas”, refirió.

Los letrados también aclaran que hay pruebas en favor del uniformado detenido en las modulaciones vía capa policial, en los audios que tiene la fiscalía no se menciona en ningún momento al acusado, a esto desde la defensa agregaron que la pericia del dermoest tampoco perjudica a Simonetti, agregan que el detenido tiene una “carrera intachable” y “sin antecedentes”.

Bajo este último argumento, aseguran que no hay riesgos procesales ya que siempre se ajustó a derecho y que en ningún momento intentó eludir la investigación ni fugarse, mucho menos entorpecer o incidir sobre las medidas tomadas por la fiscal. Cabe señalar que procesalmente esta conducta puede jugarle a favor al acusado.

En el entorno del detenido confirmaron que harán una manifestación el próximo miércoles para pedir su libertad y exigir justicia por su situación. Hasta ahora Simonetti no declaró en la audiencia indagatoria y la fiscal le leyó los cargos, la calificación que enfrena es grave: “Homicidio doblemente calificado por ser autor un funcionario policial abusando de sus funciones y por ser cometido con alevosía agravada con empleo de arma de fuego”.