

El Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM), eliminó las regulaciones que limitaban los aumentos en las tarifas de internet, celulares y cable, a través de la Resolución 13/2024, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
Ya está publicada la edición del 27/06/2024 del Boletín Oficial de la República Argentina. Podés visualizarla en https://t.co/5HF1BTW1PQ
— Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) June 27, 2024
La normativa deja sin efecto una serie de reglamentaciones que establecían topes a las subas de los servicios de telecomunicaciones, entre las que estaban que no podían aplicar incrementos superiores al 10 % mensual. Ahora las empresas tendrán vía libre para estipular las actualizaciones en sus valores.
La decisión del organismo intervenido a principios de año entrará en vigencia desde su publicación, por lo que el impacto en las tarifas del cable, celulares e internet ya podría verse reflejado desde julio.
La medida se ampara en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 302 del 9 de abril de 2024, que derogó el DNU N° 690/2020, junto con el Artículo 15 de la Ley N° 27.078 y modificatorias, e incluyó cambios en sus artículos 48 y 54.
A partir de la modificación, el artículo 48 establece que “los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.
👎🏼 #Crisis | Agoniza la clase media: el 70 % de los hogares debió achicar su servicio de internet y TV paga
— ANDigital (@ANDigitalOK) June 26, 2024
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Además, el texto oficial recordó que en los considerandos del DNU 302/2024 se expuso que “los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar sus precios libremente”.
En esa línea, también mencionaba que “el DNU N° 690/2020 establece una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de los precios de los servicios prestados”.