El Gobierno presentó el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a 13 años

Tras la victoria política que significó la sanción de la Ley Bases, el Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley que establece un nuevo Régimen Penal para los adolescentes de entre 13 a 18 años que delinquen.

La iniciativa fue presentada este mediodía por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, durante una conferencia de prensa conjunta.

Delito de adulto, pena de adulto.

Enviamos al Congreso una ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Ahora, los delincuentes serán penalmente responsables.

Nuestro compromiso es con la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos de bien.

— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) June 28, 2024

“Resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien. Es por eso que, por decisión del Presidente Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del Proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad, con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente”, explicaron.

Entre los puntos centrales del Régimen Penal Juvenil, comprenderá a adolescentes de entre 13 y 18 años; prevé privación de la libertad en establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo.

DELITO DE ADULTO, PENA DE ADULTO pic.twitter.com/02uHiOXkLi

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 28, 2024

Asimismo, y en cuanto a protección a la víctima, el Juez y el Ministerio Público fiscal velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas.

Si se impone condena condicional, el Ejecutivo precisó que se deberán aplicar conjuntamente medidas complementarias, tales como asesoramiento y orientación, asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes.

Habrá penas de 3 a 6 años siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas.

En estos casos, la pena podrá reemplazarse por amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico.

El máximo de penas será de 20 años. Al cumplir los dos tercios de  la condena, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas.

Uno de los ítems cruciales es el de inimputabilidad. En los casos de menores no imputables (ejemplo, menos de 13 años), el juez de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas.

En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental, dar intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social.