lunes 15 de julio de 2024 - Edición Nº3768

Policiales y Judiciales | 4 jul 2024

Consenso

“El Congreso debe tratar la Ley Federal de Juicio por Jurados”

Así coinciden distintos nucleamientos judiciales, al calor de “una oportunidad única de implementar una herramienta que ya demostró, a nivel provincial, su enorme capacidad de mejorar la administración de justicia”.


De los proyectos con estado parlamentario referidos a la justicia penal, hay sólo uno que reúne el consenso de todos los sectores políticos: la instalación a nivel federal del juicio por jurados. 

Con este disparador por el que la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ), la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal (AAPDPP), la Asociación Pensamiento Penal y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) precisaron que “en los últimos años, legisladores nacionales de todos los bloques, sin excepción, han presentado propuestas para poner en práctica el modelo de juzgamiento establecido por nuestra Constitución”. 

“El Congreso se encuentra ante una oportunidad única de implementar una herramienta que ya demostró, a nivel provincial, su enorme capacidad de mejorar la administración de justicia”, enfatizaron.

Acto seguido, reseñaron que “en la última década, 11 provincias, gobernadas por distintos partidos y que concentran el 70 % de la población nacional, aprobaron leyes que establecieron el modelo clásico de jurados en materia penal, en donde 12 ciudadanos y ciudadanas deliberan y dictan un veredicto”. 

“Los casi mil juicios realizados en el país demuestran que este sistema aumenta la legitimidad de la justicia y la confianza ciudadana. Además, la mejora del litigio de las audiencias previas reduce la cantidad y la duración de los juicios, generando más eficiencia y menores costos”, prosiguieron las entidades.

Así las cosas, pusieron de relieve que “el Congreso Nacional tiene proyectos con estado parlamentario que receptan lo mejor de la experiencia práctica y jurisprudencial a nivel nacional e internacional. No existen motivos para seguir demorando el cumplimiento de este mandato que tiene más de 170 años de vigencia constitucional”. 

Y sentenciaron: “Es hora de seguir el ejemplo de las provincias y darle a la justicia federal el salto de calidad y legitimidad que sólo la participación ciudadana puede garantizar”.

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