Política | 13 ago 2024
Derechos Humanos
Piden la expulsión de los diputados libertarios que visitaron a represores en Ezeiza
La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense exigió la eyección de sus bancas de los seis legisladores que se reunieron con genocidas en la cárcel.
La foto de la indignación.
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires exigieron “la expulsión de sus bancas para los seis diputados” que visitaron a los genocidas detenidos en el penal de Ezeiza, condenados por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura.
Desde el área conducida por Matías Moreno recordaron que los legisladores Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo viajaron hasta el penal con la autorización del Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y pudieron ingresar a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza autorizados por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
“Estos representantes del Congreso de la Nación asistieron al lugar para prometer libertad a estos asesinos repudiados por el pueblo argentino, con el impulso de la vicepresidenta Victoria Villarruel y del ministro de Defensa, Luis Petri, lo que constituye un hecho absolutamente condenable”, alertó.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires exige la expulsión de los seis diputados que visitaron a los genocidas detenidos en el penal de Ezeiza.
— Derechos Humanos PBA (@DerHumanosPBA) August 13, 2024
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En ese sentido, la subsecretaría de Derechos Humanos aseveró que “el presidente Javier Milei es cómplice de esta visita a Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Mario Marcote, Miguel Britos, Honorio Martínez Ruiz, Adolfo Donda, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Argüello, Manuel Cordero, Gerardo Arráez, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason (hijo), presos en esa unidad a prisión perpetua por disposición de la justicia”.
“Frente a la apología de la dictadura y el negacionismo reiteramos que las condenas a los genocidas están basadas en el marco normativo internacional el Pacto de San José de Costa Rica que sostiene que las graves violaciones a los derechos humanos deben contemplar penas adecuadas a tales delitos”, completó DDHH.
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