Desde el PRO impulsan un proyecto para restringir el lenguaje inclusivo en escuelas bonaerenses

La senadora bonaerense del PRO y presidenta de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica, Aldana Ahumada, presentó en las últimas horas un proyecto de ley que  busca reafirmar el uso del idioma español conforme a las normas establecidas por la Real Academia española (RAE) en todos los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como privada.

Además, la iniciativa que impulsa la legisladora de la Primera sección electoral pretende restringir la utilización del denominado “lenguaje inclusivo”, expresado de forma oral o escrita, en todas las actividades que se desarrollen en las aulas del vasto territorio bonaerense.

INCLUSIÓN NO ES DISTORSIONAR EL IDIOMA ✖

Hoy presenté un proyecto para restringir el "lenguaje inclusivo" en todas las escuelas de la PBA.

Basta de hablar con la "x", el "@" y la "e". No voy a permitir que sigan poniendo en riesgo el futuro de nuestros chicos. 🧵👇 pic.twitter.com/81cSbR3BvQ

— Aldana Ahumada (@aldanaahumada) August 28, 2024

De acuerdo a lo que expone Aldana Ahumada en los considerandos de su articulado, recientemente el gobierno de Axel Kicillof destinó más de 4 mil millones de  pesos en la compra de libros, entre los que se encuentran ejemplares destinados a fomentar el “lenguaje inclusivo” en las escuelas bonaerenses, lo que “generó preocupación  sobre la pertinencia” de la medida en un contexto de crisis educativa severa.

La propuesta legislativa de la titular de la comisión de Educación del Senado bonaerense entiende por “lenguaje inclusivo” a cualquier “modificación de las reglas idiomáticas del español que implique la alteración de las formas gramaticales de género, incluyendo el uso de signos, letras o morfemas que deformen las palabras”, según detalla el artículo tres.

En ese sentido, el proyecto de ley de la senadora bonaerense del PRO le confiere la potestad al Ejecutivo de determinar la autoridad de aplicación, cartera o dependencia que deberá establecer los “mecanismos de supervisión y sanción para asegurar el cumplimiento” de  la normativa,  que deberá a ser estudiada en las comisiones de la Cámara alta.