Seis policías detenidos tras falso allanamiento y robo a la comunidad paraguaya en La Plata

En una impactante noticia, la fiscal María Eugenia Di Lorenzo (UFI Nº 17) pidió el arresto de seis efectivos de la Policía Bonaerense por “robo agravado” en perjuicio de integrantes de la comunidad paraguaya, requerimiento que fue convalidado por el magistrado Guillermo Federico Atencio, a cargo del Juzgado de Garantías Nº 1.

Fuentes judiciales confirmaran a ANDigital que a primera hora de este miércoles ya habían sido arrestados el comisario Miguel Del Valle González, Juan Alejandro Osuna, María José Barrera, Patricia Esther Campo, Daiana Belén Maidana y Ariel Nahuel Ortega Jurado, previo allanamiento de la Comisaría Tercera de Los Hornos: el primero es el extitular de esa dependencia y el resto es su grupo externo.

La denuncia a la que la fiscal le dio curso indica que el pasado 14 de septiembre los implicados fingieron un llamado telefónico anónimo para luego concurrir a un domicilio en una jurisdicción que les era ajena (en la localidad de Melchor Romero). Bajo ese marco, llegaron hasta un domicilio de la calle 526 bis, entre 177 y 178, y simularon un allanamiento que no contó con orden judicial.

“Entraron al lugar disparando en dos ocasiones de manera intimidatoria, redujeron a un grupo de unas 30 personas y, abusando de su autoridad y funciones, se dividieron las tareas para apoderarse de pesos, dólares y joyas para luego privar de la libertad a 10 personas, trasladándolas a la Comisaría Tercera”, se lee en uno de los documentos que integra el expediente penal y al que accedió este medio.

La Justicia estima que el botín está conformado por $ 6 millones, USD 6.700 y Gs 3 millones (guaraníes); en cuanto a los efectos personales, se infiere que los ladrones se quedaron con cadenas y anillos de oro, bolsos, vestimenta, relojes y teléfonos celulares.

Los implicados habían referido que su presencia en el lugar se debía a la existencia de una orden dada por quien era en esos días el fiscal en turno, Álvaro Garganta, titular de la UFI Nº 11 del Departamento Judicial La Plata. Lo cierto es que no existió orden de registro alguna ya que la misma debía ser otorgada por el juez de Garantías Nº 3 Pablo Raele, y al funcionario judicial nunca le comunicaron nada de lo que luego sucedería.

Los integrantes de la comunidad paraguaya que fueron víctimas de estos hechos declararon ante la Justicia y aportaron videos en donde se ven las irregularidades del procedimiento y una mesa de dinero con una abultada cantidad de billetes, que ilustran este artículo. En este marco, el fiscal Garganta quedó bajo la lupa y no se descartan avances en su contra ya que al menos uno de los policías detenidos cuenta con mensajes que provenían de esa UFI en donde se les indica que estaban habilitados a allanar el domicilio en cuestión, de la calle 526 bis, entre 177 y 178.

🚔 #Corrupción Por @NandoTocho | Seis policías de La Bonaerense detenidos por robarle a integrantes de la comunidad paraguaya en La Plata

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— ANDigital (@ANDigitalOK) October 9, 2024

En las próximas horas los detenidos serán indagados en sede judicial por los cargos de “robo calificado por el uso de arma de fuego, por ser cometido en poblado y banda y por ser ejecutado por miembros de las fuerzas policiales, en concurso real con allanamiento ilegal, falsificación ideológica de instrumento público, falso testimonio, privación ilegal de la libertad agravada y abuso de autoridad”.

Vale remarcar que el motivo oficial por el que los agentes irrumpieron en hicieron el domicilio de Melchor Romero fue por un caso de “juego clandestino”, los detenidos fueron 10 (9 hombres y 1 mujer), tienen entre 27 y 52 años de edad, y los elementos secuestrados de acuerdo al arte policial difundido fueron 2.396.000 guaraníes, 24 dólares y 43.220 pesos en efectivo; una red de voley y tres dados; 4  botellas  de vino, 16 de cerveza y latas de cerveza; 1 bastón de fabricación casera para la recolección de dados y un paño para recubrir la mesa de color azul, yuna camioneta Toyota Hilux.

Por último, los detenidos fueron alojados en dos alcaldías diferentes, ambas de la PFA y ubicadas en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que la Auditoría General de Asuntos Internos, dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense, ya decidió las desafectaciones del servicio de todos los implicados.