“Se repite el error”: bronca por la continuidad del “impuesto al tránsito”

El Gobierno nacional presentó la nueva Red Federal de Concesiones, permitiendo licitar aproximadamente 9 mil kilómetros de corredores viales nacionales, por concesión bajo el sistema peaje directo con cabinas de cobro en ruta, solamente para su operación y simple mantenimiento.

El llamado a licitación se desarrollará en dos etapas. La primera está integrada por el Tramo Oriental (RN 12 y RN 14) y la Conexión Puente Rosario -Victoria y RN 174. La convocatoria se lanzará en diciembre 2024, con la adjudicación prevista para abril de 2025. 

La segunda, compuesta por los tramos I a X (Autopista Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas y el resto de las rutas nacionales con peaje) que actualmente opera la nefasta empresa Corredores Viales S. A. y que presuntamente será disuelta, licitándose en febrero de 2025, con adjudicación en julio de 2025.

Entre otras cosas se está contemplando un ajuste mensual en las tarifas actuales hasta que estén los nuevos concesionarios para luego aumentar las mismas hasta más de un 200 %, con ajustes trimestrales. 

“Los plazos de concesión como las tarifas definitivas estarán de acuerdo a las ofertas que planteen las empresas las que solo estarán obligadas a mantener la infraestructura actual, señalización, corte de pasto y trabajos de mantenimiento básico. No se contempla realizar nuevas obras de ampliación de la red vial, como para transformar rutas en autovías o autopistas, multitrochas, carriles de sobrepaso”, expuso el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial.

Asimismo, la entidad planteó que “a pesar del contundente fracaso y la estafa vial que significa continuar con el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta implementado en los años 90, continuado por los distintos gobiernos, la actual administración insiste con un método de financiamiento vial inadecuado, que está direccionado a beneficiar sólo a los concesionarios con muy buenas ganancias, con casi inversión cero y riesgo cero, constituyendo una afrenta a los usuarios viales y al interés de la sociedad en su conjunto por los graves perjuicios sociales y económicos que se generarán”.

Así las cosas, rechazaron “total y enfáticamente, por inviable, antieconómica, ilegal e inconstitucional, la decisión del Gobierno de insistir con el fracasado sistema de ‘falso peaje’ o ‘impuesto al tránsito’ con cabinas de cobro en ruta en caminos de dominio público ya existentes y sin alternativas libres de pago, previamente pagados con creces por los usuarios viales desde la sanción de la ley 11.658/32 que creara los fondos específicos (impuesto a las combustibles, neumáticos, lubricantes)”.

“Es imperioso reflexionar que así se sigue atentando contra lo prescripto en la Constitución Nacional (artículos 10, 11 y 14), siendo repudiado por organismos internacionales, legisladores nacionales y provinciales, organismos públicos y privados y representaciones de usuarios”, prosiguió el CoNaDUV y recordó que “las rutas nacionales y provinciales de nuestro país son de bajo caudal de tránsito, motivo por el cual la mayor parte de la recaudación en concepto de peaje es destinada al fenomenal costo operativo de las estaciones de cobro, sin volcarse plata al camino, haciendo inviable y antieconómico el método de financiamiento vial que se pretende”.
 
Finalmente, reiteró “la necesidad de implementar un verdadero proyecto vial nacional, que contemple toda la red caminera del oaís, exhortando al Gobierno y a quienes nos representan, a que se asignen en forma efectiva los recursos provenientes del impuesto a los combustibles al objeto que le dio origen, permitiendo así el sostenimiento y mejoramiento del sistema en condiciones óptimas de transitabilidad, sin barreras y sin pago de peaje por parte de todos los usuarios viales, garantizando el libre tránsito tal cual lo expresa claramente la Constitución”.