El Gobierno oficializó la disolución del ProCreAr

En el marco de las medidas del Gobierno “para revisar, sanear o disolver” un conjunto de Fondos Fiduciarios Públicos, se dispuso a través del Decreto 1018/2024 la disolución del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (ProCreAr).

La medida, impulsada en conjunto por los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, “se concreta tras un informe de la Sindicatura General de la Nación en el cual se observaron fallas en el funcionamiento del ProCreAr”. 

Según dieron cuenta, “el informe revela la demora en la entrega de viviendas y locales, que generó enormes gastos. Además, se registraron numerosos reclamos por falta de condiciones de habitabilidad de unidades entregadas y fallas en la actualización de los manuales de procedimiento”.

En la norma publicada este martes en el Boletín Oficial también se destaca que “la no interferencia del Estado en la locación de inmuebles tiene un efecto positivo en la ciudadanía, dado que la menor intervención estatal, favorece no solo la reducción de los precios de las locaciones urbanas, sino también una mayor oferta de propiedades en alquiler”.

“Esto se vio reflejado claramente en el mercado inmobiliario luego de la desregulación de la ley de alquileres, cuya última modificación había generado distorsiones en el mercado. Vastos sectores de la sociedad habían quedado imposibilitados de acceder a una vivienda producto de la interferencia indebida del Estado en el mercado de los alquileres, a lo que se sumaba la alta inflación que ha azotaba a nuestro país en los últimos años, lo cual ha impedido el surgimiento de créditos para la vivienda”, alegó la administración libertaria.

Por este motivo, se fomentará la venta de los terrenos del Fondo disuelto para que las viviendas terminadas -o en obra- puedan ser introducidas al mercado y vendidas para ampliar la oferta.

En el decreto también se autoriza al Ministerio de Economía a celebrar un contrato con el Banco Hipotecario en el que se prevea la continuidad de la gestión de los créditos que tiene el Fondo. Esta medida permitirá que las personas que hayan accedido al programa puedan continuar pagando las cuotas al Banco Hipotecario y, de esta manera, tengan garantizada su vivienda.

En tanto, los inmuebles de titularidad fiduciaria del Banco Hipotecario, en su carácter de fiduciario del ProCreAR, no afectados a obras con contratos de locación de obra vigentes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, podrán ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Hipotecas divisibles para los proyectos inmobiliarios
 
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 1017/2024, el Gobierno dispuso la creación de las hipotecas divisibles para los proyectos inmobiliarios “para fomentar el crédito, impulsar al sector y a la construcción, y reducir el déficit habitacional en la Argentina”.

La medida “permitirá que se constituyan hipotecas divisibles sobre inmuebles sujetos a proyectos inmobiliarios para la posterior división y afectación al régimen de propiedad horizontal o conjuntos inmobiliarios, o para subdivisiones originantes de parcelas del dominio común”.

En este sentido, explicaron que “la falta de un sistema de hipotecas divisibles reducía considerablemente la oferta de viviendas posibles de ser hipotecadas. Además, esta situación limitaba el acceso al financiamiento de futuras obras a ejecutarse por el sector privado y restringía la afectación de las unidades funcionales o lotes de terreno”.

A partir de esta medida, cualquier persona podrá acceder a un crédito hipotecario a largo plazo para financiar la compra de un desarrollo inmobiliario en construcción (conocido comúnmente como “pozo”) o de un lote en un barrio, incluso antes de la subdivisión de terrenos. Este financiamiento permitirá la adquisición en las mismas condiciones que las de una propiedad terminada, facilitando así el acceso a vivienda desde las primeras etapas del proyecto.

En el decreto, el Gobierno convocó a las provincias a “adoptar, por sí o a través de la autoridad local o dependencia que resulte competente, las medidas necesarias para la implementación de la registración de los boletos de compraventa o cualquier otro contrato equivalente, tal como se encuentra previsto en el decreto”.