

La compañía aérea Flybondi rechazó la imputación aplicada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a raíz de cancelaciones de vuelos e incumplimientos con los usuarios.
Este viernes, la administración de Axel Kilillof había informado que Flybondi debía afrontar una multa superior de los 300 millones de pesos por “una conducta sostenida en perjuicio de los derechos de los consumidores”.
Sin embargo, la aerolínea de bajo costo rechazó “categóricamente” la imputación recibida por parte de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios de la Provincia de Buenos Aires, por “supuestos incumplimientos a determinados artículos de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor”.
✈ #Incumplimiento | La Provincia le aplicó millonaria multa a Flybondi por la sistemática cancelación de vuelos
— ANDigital (@ANDigitalOK) January 31, 2025
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La compañía adelantó que impugnará la medida al sostener que la Dirección Provincial “no es competente para entender cuestiones vinculadas a la actividad aeronáutica”.
“Incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se manifestaron en este sentido en fallos recientes”, agregó la empresa.
Mediante un comunicado, Flybondi también puso de manifiesto que la industria aeronáutica se rige por el Código Aeronáutico y su reglamentación, la cual establece que la autoridad de aplicación y por ende de fiscalización sobre el accionar de las aerolíneas es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
“La ANAC interviene en la instancia administrativa y en la instancia judicial lo hacen los Tribunales Federales”, puntualizó.
Ante las duras acusaciones de la Provincia, la compañía aérea señaló que están garantizadas las respuestas a los reclamos canalizados por los canales de comunicación habilitados, al tiempo que brinda toda la información al pasajero para ejercer sus derechos conforme la normativa aplicable.
Por último, la aerolínea privada indicó que su derecho de defensa “fue vulnerado”, ya que los reclamos mencionados por el Gobierno bonaerense no habían sido notificados previamente a la compañía, “impidiéndole conocer su estado y otorgarles el debido tratamiento”.