Sobreprecios en la compra de patrulleros: La Provincia no respondió al pedido de informes de la Justicia

Hace exactamente un mes el diputado provincial de la Coalición Cívica-ARI Luciano Bugallo denunció penalmente al gobernador Axel Kicillof y a su ministro de Seguridad, Javier Alonso, por un presunto desfalco en la compra de automóviles para ser utilizados como patrulleros, en los que se “duplicó ampliamente el valor de mercado” de los mismos.

En concreto, la denuncia es por posible comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público y exacciones ilegales, trámite que recayó en la UFI Nº 16 y en el Juzgado de Garantías Nº 1, ambos del Departamento Judicial La Plata, causa que por el momento no registra avances.

Tras la divulgación de un informe periodístico, el legislador oriundo de Ascensión, localidad del partido de General Arenales, dio cuenta que hubo compra directa en la concesionaria Stampa Automotores SA de 12 automóviles Fiat Cronos 1.3 GSE por un valor unitario de $ 56.416.566,26 durante el martes 21 de enero del corriente año 2025.

La transacción se efectuó mediante una Factura B, la cual es emitida por un responsable inscripto al consumidor final o a los sujetos exentos en el IVA y que cuenta con el aval de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El precio de mercado a ese día era de $ 26.823.000 por cada coche, en tanto que las concesionarias pueden aumentar el valor hasta un 20 por ciento ese valor, llegando e ese caso a poco más de 32 millones de pesos, monto todavía muy rezagado del finalmente facturado.

Habida cuenta que la concesionaria en cuestión no realiza ningún tipo de servicio adicional para agregarle accesorios que conviertan al auto en un patrullero policial, como balizas, sirenas, paragolpes especiales, rejillas interiores, etc., que emerge la sospecha de sobreprecio en la compra, en este caso orillando el 140 por ciento.

“Le pedimos a la Justicia que investigue de qué forma se hizo la compra, ya que no hubo un llamado a licitación. Aparentemente fue una compra de manera directa a la concesionaria y entiendo que en esa cantidad de vehículos la compra se debió haber realizado de manera directa con la automotriz. Hay bastantes inconsistencias que deberá investigar la justicia”, esgrimió Bugallo.

Al calor de la investigación, la cartera a cargo de Alonso debía enviar a la Fiscalía los expedientes de compra y la documentación requerida, instancia sobre la que aún no hubo ninguna novedad.

En este senitdo, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta aclaró ante la consulta de ANDigital que los pedidos de informes solicitados al Ministerio “están en plazo” de ser contestados, aunque debido a la demora en la respuesta “evalúa” reiterar el pedido.

En tanto, el instructor a cargo de la investigación explicó que aún no se pudo corroborar el sobreprecio, al tiempo que precisó que “los vehículos blindados y con las características necesarias suelen  ser mucho más caros”, por lo que “habrá que ver qué características tenían estos en particular”.

En ese sentido, y ante consultas de este medio, fuentes de la propia cartera de Seguridad explicaron que “no es el Ministerio quien compra móviles, en todo caso los pide y es Economía el organismo que los adquiere”, al tiempo que, ante la pregunta puntual, explicaron que “esa información intentó ser noticia hace un mes y medio”, sin brindar mayores detalles del episodio que amenaza con convertirse en un escándalo.

Finalmente, el diputado de la CC-ARI sostuvo que “somos pocos los legisladores que cumplimos con nuestro deber de funcionario público; constitucionalmente tenemos la obligación de denunciar si tomamos conocimiento o sospechamos de un ilícito. No podemos mirar al costado”.