La extensa sesión de la Cámara de Diputados que este miércoles culminó con la aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares, tuvo también un fuerte cruce político cuando el diputado nacional Luis Eugenio Basterra (Unión por la Patria) utilizó una cuestión de privilegio para denunciar públicamente al legislador libertario Atilio Basualdo por presunta violación de la legislación ambiental.
En medio de horas de debate por la normativa vinculada a la protección de los glaciares, el exministro de Agricultura tomó la palabra para acusar al dirigente de Javier Milei de haber desmontado ilegalmente 659 hectáreas en la provincia de Formosa.
“El diputado Basualdo ha violado la ley nacional de bosques atentando contra el ambiente con la única finalidad de engrosar su patrimonio personal”, disparó Basterra ante el pleno.
Según sostuvo, la irregularidad habría sido detectada por el sistema de alerta temprana del Estado nacional y, posteriormente, derivó en una causa judicial impulsada por el gobierno provincial.
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Para dimensionar la magnitud del desmonte, el legislador formoseño sostuvo que la superficie afectada “es equivalente a dos veces los bosques de Palermo” y comparable con el área núcleo de la Reserva de Biósfera Laguna Oca.
De acuerdo a su exposición, la Justicia provincial ya dictó sentencia firme en la causa “Provincia de Formosa contra Basualdo y otros”, condenando al legislador libertario a pagar más de 624 millones de pesos de capital, además de intereses y costas que elevan la cifra total por encima de los 749 millones.
En ese marco, Basterra fue más allá y apuntó contra la conducción de la Cámara baja al advertir que existe un oficio judicial para trabar embargo sobre la dieta del legislador con el objetivo de resarcir el daño ambiental.
“El pasado 13 de marzo fue notificado mediante oficio judicial remitido por el juzgado de Las Lomitas ordenando trabar embargo sobre la dieta del diputado Basualdo”, afirmó.
Y agregó que incluso este mismo miércoles ingresó un nuevo oficio reiterando el pedido y otorgando un plazo de cinco días para informar si la medida fue efectivizada.
“Cumpla con su deber y no se convierta en el brazo ejecutor de la impunidad”, reclamó Basterra desde su banca, al invocar el artículo 41 de la Constitución Nacional sobre la recomposición del daño ambiental.
Tras la intervención, desde la Presidencia de la Cámara se respondió que el expediente ya fue girado al área administrativa correspondiente y que la cuestión de privilegio será remitida a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su análisis.
El episodio sumó temperatura política a una jornada parlamentaria ya marcada por fuertes discusiones en torno a la reforma de la ley de Glaciares, aprobada tras varias horas de debate y votaciones cargadas de tensión.
La acusación dejó flotando en el recinto una pregunta incómoda: si un diputado puede discutir la protección ambiental desde su banca mientras la Justicia lo señala por haber destruido parte de ese mismo patrimonio natural.