Adorni bajo la lupa: prestamistas confesaron un crédito de 100.000 dólares para su departamento

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un dato central este lunes. En los tribunales de Comodoro Py, las prestamistas Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio debieron explicar ante la Justicia el origen de los fondos que permitieron al funcionario comprar un inmueble en Caballito.

El detalle de la deuda millonaria

Durante la testimonial ante el fiscal Gerardo Pollicita, las mujeres confirmaron haber otorgado un préstamo privado por 100.000 dólares. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los investigadores fue la ratificación de que la operación está lejos de estar saldada: según las prestamistas, Adorni todavía les debe 70.000 dólares del monto original. El juez Ariel Lijo busca ahora determinar si existe consistencia económica entre la capacidad patrimonial de las acreedoras y la magnitud de ese desembolso realizado fuera de los circuitos financieros bancarios.

Respaldo oficial en medio de la tormenta

A pocas horas de las declaraciones, la lectura política fue contundente. El jefe de ministros participó de una actividad oficial en el Instituto Malbrán junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Esta aparición pública, que contó con la presencia del ministro de Salud Mario Lugones, fue interpretada como un mensaje directo del círculo íntimo del Presidente: un blindaje institucional frente al avance de la causa judicial.

El expediente bajo estricta vigilancia

La fiscalía continúa procesando los datos obtenidos tras el levantamiento del secreto bancario y fiscal del funcionario. La Justicia mantiene el foco sobre la estructura del préstamo y su relación con la declaración jurada de Adorni. En las próximas jornadas, el juzgado analizará si el esquema de préstamos privados sirvió como una vía para justificar ingresos sin declarar. El caso es seguido de cerca por el Poder Ejecutivo, que intenta evitar que el frente judicial afecte la estabilidad de uno de sus funcionarios más expuestos.